La tensión política en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sumó un nuevo capítulo judicial y volvió a exponer una pelea que ya no se ordena solamente entre oficialismo y oposición. Esta vez, la denuncia partió desde el alfarismo, un espacio que en el último tiempo se mostró cercano al armado del gobernador Osvaldo Jaldo, y apuntó de lleno contra cinco funcionarios de la gestión de Rossana Chahla por presuntas contrataciones directas irregulares por unos $2.700 millones.
La presentación fue realizada por la concejal Ana González ante el Ministerio Público Fiscal. La edil, representada por Juan Macario Santamarina, denunció por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; a la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; al contador General, Marcelo Albaca; al secretario general, Rodrigo Gómez Tortosa; y al secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano.
El planteo llega en un clima político cargado, con denuncias cruzadas entre distintos sectores del peronismo y sus aliados. A las acusaciones contra la gestión municipal se suma el antecedente de los planteos vinculados al cisnerismo y al Tribunal de Cuentas, en medio de una interna que viene escalando entre espacios que hasta hace poco convivían dentro del mismo esquema de poder.
La denuncia: cooperativas, urgencias y contrataciones directas
Según la presentación de González, los funcionarios municipales habrían sostenido un “patrón de conducta” basado en la contratación directa de cooperativas de trabajo por sumas millonarias. La acusación sostiene que esas contrataciones fueron justificadas bajo supuestas “situaciones de necesidad y urgencia”, aunque para la denunciante se trataba de tareas ordinarias, previsibles y programables.
Ese punto es central en el planteo penal. La concejal afirma que los servicios contratados debieron tramitarse mediante mecanismos ordinarios, como licitaciones o procesos competitivos, y no por contratación directa. Entre los trabajos cuestionados aparecen tareas de desmalezamiento, limpieza, mantenimiento de espacios verdes, fabricación e instalación de refugios para paradas de colectivos y adquisición de equipamiento vinculado al transporte público.
La denuncia menciona al menos 12 contrataciones. Una de ellas corresponde a la cooperativa Proyectar Futuro, por $394 millones, para tareas de desmalezamiento, limpieza y mantenimiento de espacios verdes durante tres meses. Otra apunta a Atres Impresiones, por $398,6 millones, para la fabricación e instalación de 40 refugios de paradas de colectivos. También se incluye una operación por $398 millones para la compra de 165 kits de “micro embarcado” para el transporte público, adjudicada a Providers S.A.
González sostiene que algunas de las firmas contratadas no estaban inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad y que, además, no habrían contado al momento de la contratación con la inscripción correspondiente ante organismos tributarios para desarrollar las tareas encomendadas. Según la denuncia, algunas habrían regularizado su situación recién en el mismo mes en que fueron requeridas por la Municipalidad.
La edil también cuestiona los montos. En su presentación, plantea que las cifras resultan “prima facie” excesivas y que ese elemento permitiría investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos y cohecho pasivo. Por eso pidió medidas de prueba de alto impacto, entre ellas allanamientos en dependencias municipales y en domicilios de cooperativas, además del secuestro de expedientes administrativos vinculados con compras directas y registros de proveedores.
El apartado contra Albaca y el pedido de medidas urgentes
La denuncia no se limita al esquema de contrataciones. González incorporó un capítulo específico contra el contador General del municipio, Marcelo Albaca, por presunto enriquecimiento ilícito. Allí menciona un viaje al exterior, con destino a China, y adjunta información sobre un crédito hipotecario que, según la presentación, estaría a nombre del funcionario.
El escrito sostiene que Albaca registraría un crédito del Banco Nación por unos $415 millones para la adquisición de un inmueble en el Country del Golf. La concejal afirma que este tipo de préstamos suele cubrir entre el 60% y el 70% del valor total de una propiedad, por lo que infiere que habría existido un desembolso en efectivo de entre $120 millones y $160 millones.
Para la denunciante, esa suma resultaría, en principio, incompatible con los ingresos que podría percibir un funcionario municipal. Por esa razón, además de pedir ser tenida como querellante, solicitó informes al Ipacym, a ARCA y a Rentas de la Provincia, y pidió autorización al Banco Nación para acceder a datos del crédito hipotecario mencionado.
El planteo busca que la Justicia avance con rapidez sobre la documentación administrativa. En particular, González pidió el secuestro de expedientes sobre contrataciones directas, registros de proveedores y documentación vinculada con las cooperativas mencionadas. La hipótesis acusatoria es que no se trataría de casos aislados, sino de una modalidad repetida de gestión de recursos públicos mediante convenios directos.
La respuesta municipal y el trasfondo de la interna
Desde la Municipalidad, la respuesta fue política y administrativa. En la gestión de Chahla aseguraron que no habían sido notificados formalmente de la denuncia, pero remarcaron su voluntad de ponerse a disposición de la Justicia y cumplir con cualquier requerimiento.
El secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, salió a cruzar a González y calificó la presentación como una maniobra “claramente política”. El funcionario recordó que la concejal formó parte durante ocho años del gobierno de Germán Alfaro, una gestión que —según dijo— también fue señalada por denuncias de corrupción y que no habría dado explicaciones suficientes a los vecinos.
Chincarini también apuntó contra la propia denunciante al recordar que fue exonerada del municipio en el marco de una causa vinculada con la desaparición de una camioneta oficial. González, en su momento, había rechazado esas acusaciones y las había encuadrado como parte de un “apriete político”.
El funcionario municipal interpretó que la denuncia busca adelantar los tiempos electorales mediante la judicialización de la política. Además, defendió los procedimientos internos de la administración capitalina y sostuvo que las contrataciones se realizan dentro del marco legal, con intervención de áreas técnicas y órganos de control.
El nuevo expediente aparece, sin embargo, en un contexto más amplio. La Capital viene siendo escenario de una disputa que cruza a Chahla, al alfarismo, al jaldismo y al sector referenciado en Carlos Cisneros. El antecedente de las denuncias vinculadas al Tribunal de Cuentas y las tensiones entre dirigentes del oficialismo provincial y municipal muestran que el conflicto ya no se expresa sólo desde la oposición tradicional.
Por eso, la presentación de González tiene una lectura que excede lo judicial. En los pasillos políticos se la interpreta como una señal de “fuego amigo”: un disparo contra la gestión de Chahla desde un espacio que no está parado en la vereda más lejana del poder provincial. La denuncia abre un frente penal, pero también suma combustible a una interna que se recalienta a medida que se ordenan los armados de cara a la próxima etapa electoral.
