La denuncia por presunto lavado de activos contra autoridades de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán abrió un escenario especialmente sensible para Oscar Gijena, secretario general de la Asociación de Prensa de Tucumán y vicepresidente de la Osppt. Aunque los denunciados formalmente son Walter Alú, presidente de la obra social, y Héctor Heredia, coordinador general de la institución, el caso impacta de lleno en la conducción política y gremial del sector.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, a cargo de la investigación, aguarda informes solicitados a distintos organismos para definir los próximos pasos. Uno de los reportes clave será el de la Unidad de Información Financiera, donde también se presentó una denuncia en febrero.
Vehils Ruiz remarcó que esos informes serán determinantes. “Si el resultado es positivo se va a pedir la indagatoria y se citará a declarar a los denunciados”, explicó. Además, rechazó que la causa esté paralizada, como cuestionó el denunciante. “Jamás paralizo las causas, ni las cajoneo, ni por nada del estilo”, afirmó.
La denuncia de José Gijena y el golpe familiar
El origen del expediente está en la presentación realizada por el médico José Alberto Gijena, ex empleado de la obra social y hermano de Oscar Gijena. El profesional acusó a Alú y Heredia por presunto desvío de fondos de la institución para beneficios personales, en perjuicio de una cobertura adecuada para los afiliados.
Según su declaración, en diciembre de 2025 habría mantenido una reunión con Alú, en la que supuestamente se le explicó un mecanismo para desviar fondos mediante la adquisición de facturas apócrifas. También sostuvo que se le habría pedido elaborar un plan, como director médico de la obra social, para restringir medicamentos de alto costo y cirugías onerosas, con un presunto ahorro de unos $900 millones mensuales. Afirmó, además, que le ofrecieron una participación del 20% y que se negó.
José Gijena aseguró que una semana después fue despedido y que nunca recibió indemnización. También cuestionó que, desde la denuncia, no fue citado por la Fiscalía. “Nunca me llamaron; no le conozco la cara al fiscal”, planteó. Además, dijo que analiza pedir medidas ante el juez por una presunta inacción del fiscal.
El caso deja a Oscar Gijena en una posición incómoda no sólo por su rol institucional, sino también por el componente familiar del conflicto. La denuncia no proviene de un adversario externo, sino de su propio hermano, lo que amplifica el impacto político, gremial y personal de la causa.
La defensa de la APT y una conducción bajo sospecha pública
La Asociación de Prensa de Tucumán y la Osppt rechazaron con dureza la denuncia. En un comunicado señalaron que las acusaciones “carecen de todo sustento fáctico y documental” y sostuvieron que José Gijena fue despedido “con justa causa”, luego de que supuestamente se detectara que trabajaba de manera paralela en otra firma de salud. El médico negó esa versión.
Desde la institución calificaron la presentación como una “denuncia falsa” y la atribuyeron a un presunto “tinte vengativo y despecho laboral”. También la describieron como una maniobra de presión para obtener recursos económicos de manera indebida.
Oscar Gijena salió públicamente a defender la obra social y vinculó la denuncia con el juicio laboral iniciado por su hermano. También habló de una “guerra comercial feroz” por parte de empresas prepagas y aseguró que la Osppt atraviesa los mismos problemas que el resto del sistema de salud, por falta de financiamiento y recursos.
“Resulta especialmente complicado y duro salir a desmentir a una persona cercana de mi familia, pero lo tengo que hacer porque está por encima un interés superior que es colectivo”, expresó.
Ese es, precisamente, el punto más delicado para Oscar Gijena. Debe defender la obra social, preservar la confianza de los afiliados y sostener su autoridad gremial mientras avanza una investigación federal que todavía espera informes clave. La causa judicial recién empieza a moverse, pero el costo político ya está instalado.
