La nueva intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán resolvió declarar la nulidad absoluta e insanable del nombramiento de José César Díaz en la planta permanente del organismo. La medida representa un golpe político e institucional al esquema de poder identificado con el cisnerismo dentro de la entidad.
La Resolución de Intervención N° 339/26, fechada el 19 de mayo, dejó sin efecto la designación que había sido realizada en junio de 2023. Díaz había sido incorporado como Subgerente General Adscripto, un cargo de alta jerarquía que, según la resolución, debía estar reservado para empleados de carrera y no ser otorgado de manera directa.
El cuestionamiento central apunta a que el nombramiento no habría respondido a una necesidad operativa de la Caja, sino a una maniobra para garantizarle estabilidad administrativa a Díaz una vez finalizada su función política. Para la actual conducción, se trató de una “desviación de poder”.
Licencias, haberes y ejercicio privado de la abogacía
El caso se agrava por las actuaciones abiertas por el Tribunal de Cuentas, que ordenó comprobaciones sumariales para investigar una posible percepción indebida de haberes por parte de Díaz y de Patricia Neme, otra funcionaria vinculada a la Asesoría Letrada de la Caja.
Según la documentación citada, Díaz habría gozado de una licencia psiquiátrica de largo tratamiento durante más de 50 días, entre marzo y mayo, cobrando la totalidad de su salario. Sin embargo, durante ese mismo período habría ejercido la abogacía en causas privadas.
Uno de los puntos más sensibles es su intervención como patrocinante en una acción impulsada por las hijas del diputado nacional Carlos Cisneros contra un medio digital. Para el Tribunal de Cuentas, el interrogante es si existió una erogación sin causa legítima y, por lo tanto, un perjuicio al patrimonio estatal.
La situación de Neme también quedó bajo análisis, ya que se menciona un esquema similar: licencia psiquiátrica y presunto ejercicio profesional privado durante ese período.
Un golpe al armado político dentro del organismo
La anulación del nombramiento de Díaz no aparece como un hecho aislado. Se inscribe en una serie de pronunciamientos críticos del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la Caja Popular y sobre decisiones administrativas tomadas durante el ciclo de conducción ligado al cisnerismo.
El impacto político es evidente. Díaz fue una pieza central de esa etapa y su salida formal de la estructura permanente golpea directamente sobre el entramado que buscaba conservar influencia dentro del organismo aun después de los cambios de conducción.
Ahora se abren tres frentes simultáneos: el trámite ante el Tribunal de Cuentas, las eventuales medidas disciplinarias internas de la Caja y la intervención del Colegio de Abogados respecto de las matrículas profesionales. La discusión ya no se limita a una designación irregular, sino que alcanza el posible uso de fondos públicos para sostener privilegios dentro de un círculo político cerrado.
La resolución de la intervención marca un quiebre: por primera vez, una de las piezas administrativas que había permitido sostener poder dentro de la Caja Popular es declarada nula. Por eso, más allá del expediente, la medida se lee como un golpe directo al cisnerismo.
