La denuncia penal contra cinco funcionarios municipales por presuntas contrataciones irregulares abrió un frente incómodo para la intendenta Rossana Chahla. El planteo judicial, impulsado por la concejala alfarista Ana González y patrocinado por Juan Macario Santamarina, resonó de inmediato en el Concejo Deliberante capitalino, donde oficialistas y opositores salieron a fijar posición.
La presentación apunta a supuestos “hechos presuntamente delictivos” vinculados con un presunto patrón de contrataciones directas a determinadas cooperativas de trabajo, por un monto total estimado en $2.700 millones. Entre los señalados figuran el secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa; la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano; el contador General, Marcelo Albaca; y el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini.
Aunque la denuncia todavía deberá atravesar el filtro judicial, el impacto político ya se siente en el municipio. El caso coloca a Chahla en una posición delicada: debe respaldar a su equipo, evitar que la acusación erosione la gestión y, al mismo tiempo, garantizar que no quede instalada la idea de protección política frente a un planteo de semejante volumen económico.
El oficialismo habló de una maniobra electoral
Desde el oficialismo, la reacción fue cerrar filas alrededor de la intendenta y de los funcionarios denunciados. El concejal José María Franco, del Peronismo de la Capital, cuestionó con dureza la presentación y la interpretó como parte de una estrategia opositora.
“Es un estilo de hacer política bastante viejo”, sostuvo Franco, al rechazar lo que consideró una forma de hacer política “con el nombre de las personas sin tener papeles, sin tener información”. Además, aseguró que leyó parte de la denuncia y que, según su criterio, contiene afirmaciones falsas. De todos modos, admitió que la determinación final quedará en manos de la Fiscalía.
En la misma línea, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, expresó su confianza en Chahla y en su equipo de gobierno. “Confío que se han hecho las cosas bien”, afirmó, aunque también reconoció que será la Justicia la encargada de resolver el asunto. Para Juri, las cuestiones políticas y electorales se adelantaron al debate institucional.
Esa defensa política busca contener el daño, pero también confirma que el tema ya dejó de ser exclusivamente judicial. La intendenta enfrenta ahora una discusión pública que involucra nombres centrales de su gabinete y áreas sensibles de la administración municipal.
La oposición exige investigación y marca antecedentes
Del otro lado, distintos sectores opositores pidieron que la denuncia sea investigada sin interferencias. El concejal radical José María Canelada reclamó que el proceso avance “con absoluta seriedad, independencia y sin ningún tipo de privilegios ni protección política”.
Canelada planteó que, si se comprueba que hubo funcionarios que utilizaron el Estado de manera indebida, la Justicia debe avanzar “hasta las últimas consecuencias” y aplicar “todo el peso de la ley”. Su postura apunta directamente al costo institucional que podría tener el caso para la Municipalidad si las sospechas se profundizan.
También Carlos Ale, compañero de bancada de González, dejó una frase que agregó tensión al escenario. Si bien aclaró que esperará la actuación del Poder Judicial, señaló que “algunas de esas informaciones ya corrían en off”. Esa observación instaló la idea de que los movimientos bajo sospecha no serían completamente novedosos dentro del ambiente político.
En ese clima, Chahla queda en una situación incómoda: no es la denunciada, pero la acusación golpea sobre funcionarios de su primera línea. La respuesta que adopte el Ejecutivo municipal será clave para evitar que el expediente se transforme en un problema mayor para la gestión. Por ahora, desde la Municipalidad optaron por la cautela y advirtieron que la acusación aún no habría llegado formalmente al Ejecutivo capitalino.
