El diputado nacional Federico Pelli resolvió rechazar la propuesta de juicio abreviado presentada por la defensa de Marcelo “Pichón” Segura, el imputado por la agresión ocurrida en La Madrid. A través de su abogado, la querella dejó asentado que no acepta una salida negociada que contemple una pena condicional y reclamó que, en caso de condena, ésta implique cumplimiento efectivo en prisión.
La respuesta del legislador de La Libertad Avanza se conoció luego de que la defensa de Segura impulsara un acuerdo para evitar el juicio oral. Desde el entorno de Pelli sostienen que, por la gravedad del hecho y sus consecuencias, el caso no puede cerrarse con un beneficio procesal que deje al acusado fuera de la cárcel.
La querella apunta a la gravedad del caso
La defensa de Segura había propuesto una pena de tres años de prisión condicional y reglas de conducta, en un intento por encauzar el expediente mediante un procedimiento abreviado. Sin embargo, la querella sostiene que todavía restan medidas de prueba importantes y que la investigación no debería cerrarse sin agotar elementos que consideran centrales para reconstruir el episodio.
Entre esos puntos, el planteo de Pelli remarca la necesidad de esclarecer si hubo otras responsabilidades alrededor del ataque y de avanzar sobre evidencia pendiente, como el teléfono celular que el acusado habría entregado o perdido en el contexto del hecho. También insiste en que debe determinarse con precisión el alcance de las secuelas físicas sufridas por el diputado antes de discutir cualquier acuerdo.
Un expediente con impacto político y judicial
El episodio se produjo el 11 de marzo de 2026 en La Madrid, cuando Pelli se encontraba en la zona afectada por las inundaciones. En medio de un cruce verbal, Segura le aplicó un cabezazo que le provocó una fractura de nariz y un traumatismo que obligó a su atención médica. Desde entonces, la causa quedó bajo fuerte seguimiento público por el tenor de la agresión y por tratarse de un legislador nacional.
La querella también viene cuestionando el accionar policial durante y después del ataque, al considerar que los agentes presentes no intervinieron como correspondía. En ese marco, la postura de Pelli busca fijar una señal política y judicial: que un hecho de violencia de esta magnitud no termine con una sanción leve ni con una resolución exprés.
