El 25 de octubre de 2016, Matías Nahuel Juárez murió en el Sanatorio San Lucas de San Miguel de Tucumán. Tenía apenas ocho años y había ingresado cinco días antes para someterse a una cirugía programada de amígdalas y adenoides. Lo que debía ser una intervención de bajo riesgo terminó en una tragedia que dio origen a una de las causas judiciales por presunta mala praxis más conocidas de la provincia.
Diez años después, su madre, María Luna, continúa reclamando justicia. El pasado 4 de septiembre, la jueza Wendy Kassar absolvió a los tres médicos que habían llegado a juicio acusados de homicidio culposo. La decisión provocó indignación entre los familiares, quienes consideran que las pruebas incorporadas al expediente no fueron valoradas adecuadamente.
Lejos de dar por terminado su reclamo, Luna anunció que buscaría revertir la sentencia mediante un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Su abogada, Silvia Furque, adelantó que cuestionarían las conclusiones del tribunal y, de ser necesario, acudirían a otras instancias judiciales.
Una cirugía programada que terminó en tragedia
Matías ingresó al Sanatorio San Lucas el 20 de octubre de 2016 para una operación indicada por problemas recurrentes de garganta. Según la reconstrucción sostenida por su familia, los estudios prequirúrgicos no habían detectado condiciones que hicieran prever complicaciones graves.
Sin embargo, después de la intervención, el niño presentó un deterioro progresivo de su estado de salud. Su madre relató que salió del quirófano con los labios morados, dificultades para mantenerse consciente y fuertes dolores de cabeza. Posteriormente sufrió episodios de sangrado que requirieron atención médica y transfusiones.
La querella sostuvo durante el proceso que existieron demoras para identificar el origen de las hemorragias y detectar el daño neurológico. También cuestionó que no se realizaran oportunamente determinadas interconsultas y estudios complementarios.
Matías sufrió un accidente cerebrovascular isquémico y murió el 25 de octubre de 2016.
Durante el juicio, las defensas rechazaron que existiera negligencia penalmente atribuible a los profesionales. La fiscal Marta Jerez solicitó la absolución al considerar que no había pruebas suficientes para responsabilizarlos por el fallecimiento y describió lo ocurrido como una contingencia médica cuyo origen no pudo determinarse con certeza.
Tres médicos absueltos y una sentencia cuestionada
El juicio oral comenzó en agosto de 2026, después de años de presentaciones judiciales, peritajes, recursos y postergaciones.
Los profesionales que llegaron al debate fueron el otorrinolaringólogo Álvaro Enrique Páez y las médicas Federica María Carolina Castro y Florencia María Jerez.
El tribunal dispuso la absolución lisa y llana de Castro y Jerez, mientras que Páez fue absuelto por aplicación del beneficio de la duda. También fueron rechazadas las acciones civiles promovidas contra los profesionales y las aseguradoras involucradas.
Para la familia de Matías, el resultado fue devastador. Después de sostener durante una década un reclamo público para que el caso llegara a juicio, se encontraron con una resolución que descartó las responsabilidades penales atribuidas a los acusados.
La abogada Silvia Furque manifestó su desacuerdo con el criterio adoptado por la Fiscalía y anticipó que la impugnación se concentraría en las presuntas omisiones de la atención médica, las diferencias entre los estudios clínicos y la historia clínica, y la valoración de las pruebas periciales.
Entre los elementos que la querella considera relevantes se encuentran los informes sobre la pérdida de sangre sufrida por Matías y la atención recibida durante las horas posteriores a la intervención.
La Fiscalía y las defensas, por el contrario, sostuvieron durante el proceso que no se había podido demostrar con la certeza necesaria la relación causal entre una conducta negligente de los acusados y la muerte del niño.
Una madre que no renuncia a conocer la verdad
María Luna convirtió su dolor en un reclamo sostenido durante años. Participó de marchas, concentraciones y actividades destinadas a visibilizar el caso de su hijo y las dificultades que enfrentan las familias que denuncian presuntos hechos de mala praxis médica.
Su lucha también puso en discusión los tiempos de la Justicia tucumana, la complejidad de las pericias médicas y las dificultades para determinar responsabilidades en casos donde intervienen conocimientos técnicos especializados.
Después de la absolución, Luna cuestionó duramente la actuación del Ministerio Público Fiscal y expresó su decepción por el resultado del juicio. Aseguró que no buscaba venganza, sino una respuesta judicial que permitiera esclarecer lo ocurrido.
La decisión de recurrir el fallo fue anunciada junto con su representante legal, aunque no pudo confirmarse de manera independiente el estado actual de presentación y tramitación del recurso.
El caso plantea un interrogante que trasciende la situación particular de los tres profesionales absueltos: cómo garantizar investigaciones oportunas, rigurosas e independientes cuando una persona muere en circunstancias que generan sospechas sobre la atención sanitaria recibida.
La absolución constituye una decisión judicial que debe respetarse mientras no sea modificada por una instancia superior. Al mismo tiempo, la familia tiene derecho a cuestionarla mediante los recursos previstos en la legislación.
A diez años del fallecimiento, el reclamo de María Luna conserva la misma pregunta que formuló cuando Matías murió: qué ocurrió durante aquella intervención y las horas posteriores para que un niño que ingresó a una cirugía programada terminara perdiendo la vida.
Una década después, Matías no está. Los médicos fueron absueltos y su madre sigue buscando respuestas. El paso del tiempo no le devolvió a su hijo ni logró cerrar una herida que continúa abierta.
