La normalización del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) continúa siendo una asignatura pendiente para el Gobierno de Tucumán. Lejos de poner fin a una intervención que comenzó en julio de 2000 y que se prolongó durante distintas administraciones provinciales, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso una nueva prórroga de 60 días para Dante Rolando Loza, quien continuará al frente del organismo hasta diciembre. La medida quedó formalizada mediante el Decreto N.º 2.480/7 (MS), firmado el 6 de octubre de 2026 y publicado recién este martes 27 en el Boletín Oficial N.º 31.311. La decisión se conoce en medio de una controversia judicial que puso bajo cuestionamiento la prolongación indefinida de las intervenciones y volvió a dejar expuesta la distancia entre los anuncios oficiales y las decisiones administrativas concretas.
Una nueva prórroga y el mismo argumento de siempre
El artículo primero del decreto establece la continuidad de Loza por otros 60 días, contados a partir del 11 de octubre de 2026. Para justificar la medida, el Poder Ejecutivo sostiene que la gestión del interventor ha sido satisfactoria y que permitió ampliar y mejorar la presencia del IPLA en el control de la venta y el suministro de bebidas alcohólicas. Sin embargo, el aspecto más llamativo aparece en los considerandos, donde el Gobierno asegura que es respetuoso de las instituciones y que actualmente se encuentra estudiando la normalización del organismo. No se trata de una explicación novedosa: prácticamente el mismo argumento había sido utilizado en el Decreto N.º 1.784/7, firmado el 4 de agosto, cuando Jaldo también prorrogó la designación de Loza por otros dos meses.
Así, mientras se repite que la normalización está siendo estudiada, la conducción del IPLA permanece bajo un esquema excepcional que ya lleva más de un cuarto de siglo. La reiteración de los fundamentos oficiales plantea un interrogante concreto: si el Ejecutivo reconoce la necesidad de devolverle al instituto su funcionamiento institucional ordinario, ¿por qué continúa renovando la intervención sin establecer un cronograma público y preciso para concluirla?
La Justicia ordenó terminar con una intervención de 26 años
La nueva prórroga adquiere especial relevancia por sus antecedentes judiciales. El 10 de agosto de 2026, mediante la sentencia N.º 653, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán hizo lugar parcialmente a una acción de amparo promovida por propietarios de establecimientos vinculados a la actividad comercial y ordenó al Poder Ejecutivo adoptar, dentro de un plazo de 60 días, los actos necesarios para poner fin a la intervención del IPLA y avanzar con su normalización institucional.
La resolución puso el foco en una situación difícil de justificar desde el funcionamiento regular de las instituciones: la Ley Provincial N.º 7.243 establece que el IPLA debe ser administrado por un Directorio compuesto por un presidente y dos vocales titulares, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Su artículo 12 contempla la intervención solamente para determinadas situaciones excepcionales y dispone expresamente que no puede superar los 60 días corridos. Pese a ese límite, el organismo permanece intervenido desde julio de 2000, mediante una sucesión de decisiones administrativas que terminaron transformando una herramienta transitoria en un sistema permanente de conducción.
El pronunciamiento judicial señaló precisamente esa desnaturalización de la figura de intervención. Sin embargo, el conflicto no quedó cerrado: después de que Jaldo manifestara públicamente su intención de cumplir la sentencia, la Fiscalía de Estado presentó un recurso extraordinario de casación para que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revisara la orden de normalización. El Gobierno cuestionó la legitimación de los demandantes y sostuvo que el tribunal había avanzado sobre atribuciones propias del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la controversia sigue teniendo una dimensión judicial que impide presentar la nueva prórroga, por sí sola, como un incumplimiento de una sentencia firme.
Entre las promesas de normalización y la continuidad de Loza
La situación resulta todavía más llamativa si se consideran las declaraciones recientes del propio gobernador. El 13 de agosto, después de conocerse la sentencia, Jaldo aseguró que cumpliría el fallo judicial. Posteriormente, el 15 de octubre, anunció públicamente su decisión de comenzar a normalizar los entes autárquicos intervenidos, entre ellos el IPLA, aunque condicionó ese proceso a una revisión de las normas y estructuras de los organismos.
Para entonces, el nuevo decreto de prórroga ya había sido firmado, aunque todavía no se había publicado en el Boletín Oficial. Esta secuencia de fechas es significativa: el mandatario habló de avanzar con la normalización cuando ya había dispuesto administrativamente otros dos meses de intervención. Si bien ambas decisiones no son necesariamente incompatibles, la falta de un plazo concreto para conformar el Directorio refuerza la percepción de que el proceso continúa postergándose.
Dante Loza permanece como interventor desde octubre de 2023 y su continuidad ha sido respaldada mediante sucesivas renovaciones. El Gobierno destaca su desempeño y los resultados de los operativos de fiscalización, pero la discusión excede la evaluación de un funcionario. El problema de fondo es determinar hasta cuándo un organismo creado como ente autárquico puede seguir funcionando bajo una intervención que la propia legislación define como excepcional y limitada en el tiempo.
Con la nueva prórroga, el Ejecutivo vuelve a elegir la continuidad del esquema vigente antes que su reemplazo inmediato por el Directorio previsto en la ley. La normalización sigue apareciendo en los discursos y en los considerandos de los decretos, pero no se traduce todavía en una conducción institucional ordinaria.
Después de más de 26 años de intervención, una orden judicial que puso en cuestión ese régimen y reiterados compromisos oficiales de normalización, la pregunta ya no parece ser si el IPLA necesita recuperar su funcionamiento institucional, sino cuándo tomará Jaldo la decisión política de terminar con una excepcionalidad que en Tucumán se convirtió en regla.
