La resolución 537/4 del Ministerio de Desarrollo Social habilitó el 25 de febrero una contratación directa por $1.247.131.500 para comprar mercaderías destinadas a la asistencia alimentaria de familias afectadas por tormentas y anegamientos en Tucumán. El alcance no fue acotado a un punto crítico: la propia medida habla de la atención de la población de las 93 comunas y de 18 municipios del interior, y luego el Tribunal de Cuentas informó que no formuló observaciones al trámite.
El punto político no está en discutir si hacía falta asistir, sino en el mecanismo elegido y en su reiteración. La normativa provincial es clara: la contratación directa por urgencia o emergencia imprevisible sólo debe cubrir “la cantidad mínima indispensable” y únicamente “hasta tanto se proceda al llamado licitatorio”, mientras que el manual oficial de compras recuerda que se trata de un régimen de excepción que debe estar debidamente fundado. Sin embargo, el propio portal del Ministerio muestra que el expediente 1956-425-2026 por alimentos se publicó como “pedido de cotización” dentro de una grilla en la que abundan llamados abreviados para mercadería, lácteos, carne, pollo y frutas.
Los antecedentes muestran que el problema no empieza con las tormentas
La discusión sobre el asistencialismo tucumano no nació con esta compra. En enero de 2024, ya se informó que se investigaba la venta ilegal de mercadería adquirida por Desarrollo Social para comedores y que la oposición pidió detalles sobre las entregas de 2023, sobre las organizaciones intervinientes y, de manera explícita, sobre si los alimentos se compraban por licitación pública o por contratación directa. Días después, otro informe del mismo diario sostuvo que, sobre 73 organizaciones que retiraron víveres en diciembre, casi el 30% no había rendido el destino de la mercadería; según esa cobertura, se trataba de unos 15.000 módulos, 120.000 kilos y un costo estimado de $119 millones.
El escándalo escaló a fines de 2024, cuando fueron secuestradas más de 5,2 toneladas de alimentos asignados por el Ministerio en Manantial Sur. A partir de ese caso, el Gobierno anunció el reemplazo del viejo sistema de módulos con intermediación de organizaciones por una tarjeta alimentaria, y el propio ministro Federico Masso habló de un esquema que movía alrededor de 1.200.000 kilos de alimentos. La causa tuvo una derivación penal concreta: en junio de 2025, uno de los implicados fue condenado por comercializar mercadería proveniente de Desarrollo Social y admitió haber retirado alimentos mediante órdenes oficiales entre 2023 y noviembre de 2024 para venderlos.
A eso se suma otro antecedente menos visible, pero igual de delicado: en agosto de 2024, se consignó que el Tribunal de Cuentas abrió un juicio por una entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular en 2023 por casi $27 millones, sin convenio ni programa específico. No prueba por sí solo un delito, pero sí confirma que la circulación de bienes alimentarios por fuera de mecanismos prolijos de trazabilidad no fue un episodio aislado.
Mientras crece la asistencia, las obras siguen llegando tarde
La defensa oficial es conocida: frente a la pobreza creciente y a los daños de las lluvias, el Estado tiene que asistir. El problema aparece cuando la emergencia se vuelve estructura. El propio gobernador informó que Tucumán destinó más de $130.000 millones a políticas alimentarias durante 2025, que la Tarjeta Alimentaria Independencia alcanza a más de 100.000 familias y que esa herramienta sola mueve más de $4.200 millones por mes. En paralelo, en el mismo discurso oficial se indicó que la inversión total en obras durante 2025 fue de aproximadamente $42.000 millones.
No son partidas idénticas ni conviene compararlas de manera lineal, pero los montos sí permiten ver prioridades. La compra directa de este verano por $1.247 millones quedó en el mismo orden de magnitud que los $1.200 millones que el Poder Ejecutivo dijo haber destinado a fines de 2024 para mitigar inundaciones en comunas rurales. Y tampoco está demasiado lejos del presupuesto estimado en $2.000 millones para una obra contra anegamientos en la Capital, que Provincia y Municipio acordaron financiar en conjunto. La pregunta incómoda, entonces, no es si hay que asistir, sino por qué Tucumán sigue llegando a las lluvias con la caja lista para repartir alimentos, pero sin una infraestructura capaz de reducir de verdad la necesidad de repartirlos.
Ahí aparece el corazón del problema. Cuando la compra directa por urgencia deja de ser excepción y empieza a funcionar como reflejo automático del Estado, la asistencia corre el riesgo de convertirse en un sistema permanente de administración de la crisis. Y en Tucumán, a la luz de los antecedentes de los últimos años, ese sistema ya mostró tres fallas: discrecionalidad en las compras, debilidad en los controles y una prevención que siempre parece llegar después del agua.
