El nuevo esquema fiscal que firmaron 16 municipios tucumanos con la Provincia volvió a poner en evidencia la fragilidad financiera de buena parte del interior. Once distritos cedieron por completo su coparticipación para que la Casa de Gobierno cubra sobre todo la planilla salarial, mientras que otros cinco recurrieron a acuerdos de asistencia financiera para afrontar déficits. El problema es que esa ayuda llega con montos que, según admitieron desde la propia Provincia, son los mismos del año pasado, en un contexto de inflación más alta, caída de la coparticipación nacional y menor recaudación local.
Detrás de la firma de estos convenios aparece una postal repetida: municipios que ya no pueden sostener por sí solos su funcionamiento básico. El acuerdo evita una crisis inmediata con los salarios, pero al mismo tiempo expone hasta qué punto muchas intendencias quedaron atadas a una asistencia que apenas alcanza para contener la urgencia.
El ajuste ya no es una opción, sino una condición para sobrevivir
Las administraciones municipales llegan al segundo semestre con presupuestos más ajustados y con menos margen de maniobra. Según lo que surge de las negociaciones, el escenario es de números a la baja, con recortes que en algunos casos se ubican entre el 12% y el 15% respecto del año pasado. A eso se suma que el esquema de asistencia mantiene una lógica conocida: la ayuda es reintegrable y queda garantizada con la afectación de la coparticipación y del Fondo de Desarrollo del Interior.
En los hechos, eso obliga a los intendentes a gobernar con la calculadora en la mano. El acuerdo puede garantizar la paz social en el corto plazo, pero también profundiza una dependencia estructural: los municipios deben ajustar gastos, resignar autonomía y administrar la escasez para sostener sueldos, recolección de residuos, alumbrado y limpieza.
Un mapa de dependencia que reabre el debate por la autonomía municipal
Los municipios que quedaron dentro del esquema son Aguilares, Alderetes, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Bella Vista, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Tafí del Valle y Yerba Buena, dentro de la asistencia fiscal municipal; y Graneros, La Cocha, Simoca, Trancas y Las Talitas, dentro del acuerdo de asistencia financiera. En cambio, San Miguel de Tucumán, Concepción y Burruyacú se mantienen fuera de esos convenios.
Ese reparto vuelve a instalar una discusión política de fondo: hasta qué punto un municipio puede considerarse autónomo si necesita entregar recursos propios para garantizar su funcionamiento cotidiano. Más allá de la herramienta formal, el dato político es otro: en Tucumán, una porción importante de las intendencias atraviesa una situación de asfixia financiera que ya no se puede disimular con la sola firma de un acuerdo.
