Tucumán acumuló en los primeros cuatro meses de 2026 un déficit financiero superior a los $140.000 millones, medido en moneda constante, según un informe elaborado por los economistas Bernabé Salas Arón y Pablo Agustín Pero para la Fundación Federalismo y Libertad.
El trabajo advierte que la provincia dejó atrás un ciclo de seis años de mayor estabilidad fiscal y volvió a una senda de desequilibrio. El dato más fuerte del relevamiento es la comparación histórica: el rojo acumulado hasta abril sería casi tres veces mayor al registrado en el mismo período de 2020, año atravesado por la pandemia y las restricciones de la cuarentena.
Según el análisis, el problema no se explica sólo por la caída de ingresos, sino también por la decisión de sostener un nivel elevado de gasto público. La provincia sufrió una baja en recursos nacionales y provinciales, pero esa merma no fue acompañada por una reducción equivalente de las erogaciones.
Más gasto corriente y menos inversión pública
El informe pone el foco en la calidad del gasto. Mientras las erogaciones reales de la administración tucumana crecieron un 6,8% interanual en el primer cuatrimestre, la inversión real en infraestructura cayó un 31% respecto del año anterior.
La participación de los gastos de capital también muestra un deterioro. En los primeros cuatro meses de 2023 representaban el 5,15% del gasto total; en 2026 bajaron al 2,3%. En otras palabras, el Estado provincial estaría destinando proporcionalmente más recursos al funcionamiento corriente y menos a obras, infraestructura e inversión.
Otro punto señalado es la dependencia estructural de Tucumán respecto de los fondos federales, que representan cerca del 75% de los ingresos totales. En el período analizado, el IVA cayó 8,6% en términos reales y Ganancias retrocedió 3,75%, dos tributos centrales para la coparticipación.
El reporte también advierte sobre el impacto en municipios y comunas. Según los autores, las transferencias de capital hacia administraciones locales prácticamente desaparecieron, mientras que los subsidios a municipios crecieron un 40% real respecto de 2023, en un contexto de menor transparencia sobre el destino de esos fondos.
La Provincia rechaza la lectura y defiende el gasto en seguridad
El Ministerio de Economía de Tucumán salió al cruce del informe y calificó la interpretación como parcial y malintencionada. El ministro Daniel Abad sostuvo que no se puede analizar el gasto sin contemplar las nuevas estructuras vinculadas a seguridad, como la cárcel de Benjamín Paz y la Alcaldía de Delfín Gallo.
Desde el equipo técnico de Hacienda, Felipe Fernández explicó que una parte importante del aumento en personal responde a la incorporación de 3.100 agentes del escalafón seguridad desde mayo de 2025, destinados al sistema penitenciario y a la Policía. Para el funcionario, ese gasto debe ser leído como parte de una política pública prioritaria.
El Gobierno también relativizó el diagnóstico por tratarse de un corte cuatrimestral. Fernández señaló que el resultado fiscal debe evaluarse al cierre del ejercicio y recordó que 2025 terminó con un superávit informado de $14.000 millones.
La discusión, sin embargo, deja abierto un punto sensible: si el déficit se explica por una coyuntura transitoria o si marca un cambio de tendencia en las cuentas provinciales. El informe privado plantea una alerta sobre más gasto operativo, menos inversión y mayor opacidad en transferencias. La Provincia responde que el rojo responde a la caída de recursos y a decisiones estratégicas en seguridad.
En el fondo, el debate no es sólo contable. También es político: qué tipo de Estado está financiando Tucumán, cuánto de ese gasto se traduce en obras concretas y qué margen tendrá el Gobierno para sostener su estructura en un año que ya empezó a quedar atravesado por la campaña electoral.
