La reforma electoral tucumana vuelve a quedar en el terreno de los anuncios. Después de meses de declaraciones, compromisos públicos y promesas de avanzar con cambios en el sistema de votación, el oficialismo provincial parece haber dejado que el tiempo haga su trabajo: que la discusión se enfríe, que el calendario empiece a correr y que todo siga igual rumbo a 2027.
El punto central es político. El peronismo tucumano analiza votar en mayo de 2027, una decisión que, de concretarse, obligaría a poner en marcha el cronograma electoral con mucha anticipación. En ese escenario, apenas quedarían unos meses para discutir, consensuar, aprobar y reglamentar una reforma. En la práctica, casi nada.
Del anuncio fuerte al silencio legislativo
El gobernador Osvaldo Jaldo había prometido avanzar con una reforma electoral. Incluso habló de cambios profundos y llegó a plantear la eliminación de los acoples, uno de los temas más cuestionados del sistema político tucumano. Luego, el tono bajó: ya no se habló de una reforma constitucional ambiciosa, sino de posibles modificaciones más limitadas, como reducir listas colectoras o evaluar alternativas de votación.
En la Legislatura, el vicegobernador Miguel Acevedo abrió una instancia para recibir propuestas. La Boleta Única Electrónica apareció como una de las ideas con mayor respaldo en sectores de la oposición, sobre todo por las críticas al desborde de boletas en los cuartos oscuros y al peso de los aparatos de fiscalización.
Pero el debate nunca terminó de despegar. La resistencia interna del peronismo, especialmente de los grandes armadores territoriales, fue decisiva. Sin acuerdo político real, la reforma fue perdiendo fuerza hasta quedar prácticamente fuera de la agenda.
El reloj electoral como excusa perfecta
Ahora el argumento es el tiempo. Si las elecciones provinciales se adelantan a mayo de 2027, el calendario debería empezar a correr este año. Y una vez iniciado el proceso electoral, modificar las reglas de juego se vuelve institucionalmente inviable.
El problema es que ese reloj no apareció de golpe. Desde 2024 se habla de la necesidad de reformar el sistema. Jaldo volvió a ratificar el compromiso en 2025 y dijo que había tiempo para trabajar durante ese año y el siguiente. También sostuvo que las reformas debían aplicarse en 2027.
Sin embargo, ese tiempo pasó sin avances concretos. Por eso, el calendario electoral aparece ahora menos como una dificultad inesperada y más como la consecuencia de una decisión política: no empujar la reforma cuando todavía se podía.
Los acoples, otra vez a salvo
Si no hay cambios, los tucumanos volverán a votar en 2027 con el mismo esquema que desde hace años genera críticas: boletas múltiples, acoples, confusión en los cuartos oscuros y una maquinaria electoral que favorece a quienes tienen estructura territorial.
El oficialismo suele defender el sistema señalando que todos compiten bajo las mismas reglas y que incluso la oposición consiguió bancas con este mecanismo. Pero esa explicación no alcanza para tapar el dato de fondo: la reforma fue prometida y no se hizo.
La discusión no es sólo técnica. Es una señal política. En Tucumán, cambiar el sistema electoral siempre aparece como una deuda pendiente, pero cada vez que se acerca una elección la reforma queda para después. Esta vez, todo indica que ocurrirá lo mismo.
La promesa de modernizar las reglas de juego, reducir distorsiones y ordenar el modo en que se vota parece encaminarse a engrosar una lista conocida: la de los compromisos que se anuncian con énfasis, se postergan con cautela y finalmente se incumplen sin demasiado costo político.
