La suba del boleto urbano en San Miguel de Tucumán ya tiene forma política. Aunque el Concejo Deliberante será el encargado formal de tratar el aumento, la discusión avanza con el visto bueno de la gestión municipal de Rossana Chahla. El resultado, si no hay cambios de último momento, será un nuevo impacto directo sobre miles de vecinos que dependen todos los días del colectivo para trabajar, estudiar o hacer trámites.
La tarifa pasaría de $1.250 a $1.700, una suba de $450 por viaje. En términos porcentuales, el aumento ronda el 36%. El argumento oficial es que se busca actualizar el valor por la inflación acumulada desde el último incremento, mientras que los empresarios del transporte habían pedido llevar el boleto a $2.400.
La diferencia entre lo pedido por Aetat y lo que se encamina a aprobar el Concejo será presentada como una decisión “moderada”. Pero para los usuarios no hay demasiado alivio: pagar $1.700 por cada viaje significa que una persona que toma dos colectivos por día deberá gastar $3.400 diarios sólo para moverse.
El Concejo pone la firma, pero la Municipalidad habilita el camino
El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, confirmó que el tema será tratado la próxima semana y que la comisión de Transporte podría emitir dictamen antes de la sesión. También explicó que el cálculo surgió de reuniones con empresarios, choferes y funcionarios municipales.
Ese punto es clave. El aumento no aparece como una decisión aislada de los concejales, sino como parte de una negociación en la que intervino la Municipalidad, a través del área de Movilidad Urbana. Por eso, aunque la ordenanza se vote en el recinto, el costo político también alcanza a Chahla.
La intendenta viene insistiendo con una agenda de ordenamiento urbano, modernización y recuperación de la Capital. Sin embargo, cada aumento del transporte vuelve a poner en primer plano una pregunta más básica: cuánto le cuesta al vecino vivir y moverse en la ciudad que administra.
El supuesto aumento “menor” igual golpea fuerte
El oficialismo capitalino buscará mostrar que el boleto de $1.700 es una salida intermedia frente al pedido empresario de $2.400. Pero esa comparación deja afuera al usuario, que no mide el aumento contra lo que pedían las empresas, sino contra lo que puede pagar.
Para una familia que depende del transporte público, la suba se multiplica rápidamente. No es lo mismo hablar de $450 más por boleto que calcularlo por día, por semana y por mes. En una casa con dos o tres integrantes que viajan a diario, el impacto deja de ser un ajuste técnico y se convierte en un problema doméstico.
Además, el aumento llega en un contexto de salarios golpeados, changas inestables, jubilaciones ajustadas y servicios que ya vienen subiendo. En ese escenario, el colectivo deja de ser sólo una discusión de costos operativos: pasa a ser una discusión sobre el derecho a moverse en la ciudad.
Chahla y el costo de gobernar con aumentos
La gestión Chahla enfrenta una tensión cada vez más evidente. Por un lado, necesita sostener el sistema de transporte y evitar conflictos con empresarios y choferes. Por el otro, cada aval a una suba tarifaria erosiona el vínculo con los vecinos, especialmente con los sectores que no tienen otra alternativa para trasladarse.
El problema es político y social. Si el servicio mejora, si las frecuencias se cumplen y si los colectivos circulan en mejores condiciones, el golpe puede encontrar alguna explicación. Pero si el vecino paga más y sigue esperando, viajando mal o soportando recorridos deficientes, el aumento se vuelve mucho más difícil de defender.
Chahla le dio luz verde a una suba que el Concejo se encamina a convertir en ordenanza. La discusión formal será entre ediles, empresarios y gremios, pero el impacto real caerá sobre los usuarios. Y ahí está el punto más incómodo para la intendenta: gobernar la Capital también significa hacerse cargo de los aumentos que golpean todos los días al bolsillo de los vecinos.
