La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán quedó en el centro de una fuerte crisis interna luego de que se activaran dos denuncias por violencia de género. Una de ellas involucra a un estudiante que cumplía funciones como ayudante de cátedra y consejero estudiantil; la otra apunta contra un trabajador no docente de la institución.
Las presentaciones pusieron en marcha el Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia de Género y Discriminación, pero lejos de cerrar el conflicto, abrieron una etapa de mayor tensión dentro de la comunidad universitaria. Estudiantes de distintas carreras comenzaron a organizar asambleas, expusieron nuevos testimonios y reclamaron medidas más firmes por parte de las autoridades.
El caso más sensible es el que involucra al estudiante señalado por sus compañeras. Según versiones difundidas en el ámbito estudiantil y planteadas en asambleas públicas, el joven habría pedido credenciales de acceso a correos electrónicos, al Campus Virtual y al sistema SIU con excusas vinculadas a actividades académicas o de representación. Con esos datos, presuntamente habría ingresado sin autorización a cuentas personales y a archivos privados almacenados en servicios de nube.
Las estudiantes sostienen que las situaciones podrían alcanzar a más de 30 alumnas y que habrían comenzado en 2022. Ese dato profundizó el malestar: para buena parte del estudiantado, el problema no se limita a los hechos denunciados, sino también a la demora institucional y política para intervenir cuando comenzaron a circular los primeros señalamientos.
Reclamos por suspensión preventiva, críticas al centro de estudiantes y escraches
La tensión creció con las asambleas realizadas durante la semana pasada. El jueves 21 de mayo, una convocatoria iniciada por estudiantes de Trabajo Social se extendió rápidamente a otras carreras, entre ellas Ciencias de la Educación, Comunicación e Inglés. En ese encuentro, que tuvo una participación masiva, se plantearon reclamos concretos: la creación de comisiones de Género y Diversidad por carrera, la conformación de una comisión general, la suspensión preventiva de los denunciados y el pedido de que la Facultad se constituya como querellante.
También hubo cuestionamientos directos al Centro Único de Estudiantes de Filosofía y Letras, conducido por La Bolívar MPE. Algunas estudiantes afirmaron que los hechos eran conocidos desde antes y que no se habría actuado con la responsabilidad necesaria. Desde la conducción estudiantil, en cambio, se sostuvo que tomaron conocimiento de las denuncias en los últimos días y que el estudiante señalado ya no forma parte de la organización.
La discusión se agravó cuando comenzaron a circular en redes sociales flyers con imágenes y datos de los denunciados, e incluso de un tercer joven. Esa modalidad de escrache fue cuestionada por las propias damnificadas, que habían expresado su rechazo a que la exposición pública reemplazara los canales formales de denuncia y acompañamiento.
El viernes 22 de mayo se realizó una nueva asamblea convocada desde Ciencias de la Educación y abierta a toda la facultad. Allí participaron víctimas y volvieron a repetirse escenas de tensión, con pedidos para que se retiraran personas señaladas por situaciones de acoso. En paralelo, crecieron las publicaciones que orientaban a las afectadas a recurrir a la Justicia penal.
Hasta el cierre de la información difundida, no se habían iniciado denuncias penales, aunque las jóvenes afectadas se estaban organizando para avanzar en esa instancia.
La respuesta institucional y una crisis que llega en medio del calendario político
La Facultad sostuvo que el Espacio de Género y Diversidad intervino de manera “oportuna e inmediata” y que las acciones se habían iniciado antes de que los hechos tomaran estado público. Además, recordó que las claves del Campus Virtual y de los correos electrónicos son personales e intransferibles, y advirtió que el acceso no autorizado a archivos privados, la invasión a la intimidad y el ciberacoso constituyen formas graves de violencia de género.
Desde Asuntos Jurídicos de la UNT se remarcó que el trámite se mantiene bajo reserva para proteger la identidad de las personas afectadas. Las autoridades también aclararon que el procedimiento abierto en la universidad es administrativo e interno, distinto de un eventual proceso penal.
Sin embargo, esa explicación no logró contener el reclamo estudiantil. En las asambleas, varias voces cuestionaron los tiempos de respuesta, pidieron revisar el protocolo vigente y exigieron más presupuesto para las áreas de género. También se reclamó que las agrupaciones estudiantiles elaboren mecanismos propios para prevenir y actuar frente a situaciones de violencia y acoso dentro de sus espacios.
La crisis se da, además, en un momento político sensible para la facultad: las elecciones del centro de estudiantes están previstas para el 16 y 17 de junio. Ese dato atraviesa inevitablemente el conflicto, porque las responsabilidades, los silencios y las respuestas de cada sector ya forman parte del debate interno.
Para el jueves 28 de mayo quedó planteada una sentada frente a la facultad. La medida aparece como un nuevo capítulo de una crisis que ya excedió el plano administrativo y expuso una discusión más profunda: cómo responde la universidad ante denuncias de acoso, qué protección real ofrece a las víctimas y qué responsabilidades tienen las estructuras políticas estudiantiles cuando los señalamientos involucran a sus propios integrantes.
En Filosofía y Letras, el reclamo ya no se limita a un expediente. Las estudiantes piden garantías, respuestas y cambios concretos para que la facultad vuelva a ser un espacio seguro.
