La propuesta de Lisandro Catalán no nace de la nada ni puede descartarse como un simple exabrupto. Hay un dato que la vuelve políticamente rentable: el gasto legislativo tucumano aparece, hace rato, bajo sospecha pública por su magnitud. En una provincia atravesada por reclamos de infraestructura, caminos deteriorados y déficits hídricos, plantear que parte de esos fondos vayan a obra pública encuentra oído rápido en una sociedad cansada de sostener estructuras políticas caras.
Dicho de otro modo, el planteo pega porque toca una fibra real. Cuando la política discute sobre sí misma mientras en el interior faltan respuestas básicas, cualquier propuesta de poda al gasto legislativo gana volumen. Y ahí Catalán encontró un eje de campaña claro: confrontar “gasto político” contra “inversión útil”.
El recorte no depende de una consigna, sino de poder real
Ahora bien, que la idea sea atractiva no significa que sea simple. Bajar de manera drástica el presupuesto de la Legislatura no se resuelve con una declaración pública ni con una publicación en redes. Requiere mayoría política, decisión del Poder Ejecutivo y, sobre todo, que la propia estructura legislativa acepte recortarse a sí misma.
Ese es el punto donde la propuesta empieza a crujir. Porque una cosa es denunciar que la Legislatura cuesta demasiado, y otra muy distinta es construir los votos para modificar esa relación de fuerzas. Si no hay un proyecto concreto, una hoja de ruta y una coalición dispuesta a empujar el ajuste adentro del recinto, la iniciativa corre el riesgo de quedarse en una postura testimonial.
Además, tampoco alcanza con sacar fondos de un lado para que automáticamente aparezcan obras del otro. La obra pública necesita proyectos, prioridades, ejecución y capacidad administrativa. Sin ese circuito, el recorte puede convertirse en una consigna eficaz para discutir privilegios, pero insuficiente para mostrar resultados.
Entre la bandera legítima y la demagogia
Entonces, ¿es una posibilidad concreta o demagogia? Hoy, en rigor, es ambas cosas en distinta medida. Es concreta en términos contables, porque hay margen para discutir el tamaño del gasto legislativo tucumano y porque un recorte tendría impacto relevante. Pero se parece a la demagogia cuando se presenta como si fuera una decisión lineal, inmediata y sin costos políticos.
La idea tiene potencia porque señala un problema verdadero. Tucumán puede debatir seriamente cuánto debe costar su sistema legislativo y si esa proporción se justifica frente a otras urgencias. Pero mientras no aparezca un proyecto formal, con números finos, mecanismo institucional y respaldo suficiente para aprobarlo, la iniciativa se mueve más en el terreno del mensaje que en el de la transformación.
En síntesis, Catalán encontró un blanco sensible y probablemente efectivo en términos discursivos. Lo que todavía no mostró es el puente entre el diagnóstico y la realidad. Y en política, sin ese puente, hasta la propuesta más razonable puede terminar sonando a demagogia.
