La intendenta de Graneros, Raquel Graneros, quedó en el centro de una fuerte polémica tras la difusión de una denuncia periodística que sostiene que habría adquirido una propiedad de lujo en el country Las Yungas, en Yerba Buena, valuada en más de un millón de dólares.
La información, todavía pendiente de explicación pública por parte de la jefa municipal, golpea de lleno por el contraste: Graneros aparece entre los departamentos más vulnerables de Tucumán, con indicadores sociales críticos, familias afectadas por inundaciones y vecinos que denuncian falta de respuestas básicas.
Por eso el eje del escándalo no es solamente la presunta compra. Es la distancia obscena entre una dirigencia que parece vivir en otra provincia y una comunidad que sigue esperando obras, asistencia y presencia real del Estado.
Si la intendenta considera falsa la denuncia, debería salir a aclararlo con documentación. Si la operación existió, debería explicar el origen de los fondos, la forma de pago y cómo se justifica semejante patrimonio frente a la realidad social del municipio que gobierna.
Un municipio pobre y un poder familiar fuerte
Graneros no es un distrito cualquiera. Es uno de los lugares donde la pobreza estructural aparece con mayor crudeza en Tucumán. Allí no se discuten sólo números: se discute vivienda, trabajo, servicios, educación, caminos, asistencia social y dignidad cotidiana.
En ese contexto, el poder político local está atravesado por un apellido que se repite. Raquel Graneros llegó a la intendencia luego de la gestión de su madre, Alejandra Cejas, hoy legisladora provincial. La continuidad familiar en el manejo del municipio no puede ser un dato menor cuando el territorio sigue mostrando niveles alarmantes de vulnerabilidad.
El problema no es únicamente quién ocupa el cargo. El problema es qué modelo de poder se construye cuando una familia administra durante años los resortes del Estado local y, al mismo tiempo, los vecinos siguen atrapados en la precariedad.
La política tucumana conoce bien ese mecanismo: municipios convertidos en estructuras cerradas, cargos que circulan dentro del mismo núcleo familiar, lealtades sostenidas con asistencia y vecinos que dependen del favor antes que del derecho. Graneros parece encajar demasiado bien en esa postal.
Cuando reclamar termina en una causa penal
La crisis se agravó con otro episodio que expone una forma preocupante de ejercer el poder. Mujeres afectadas por inundaciones en Graneros terminaron imputadas por amenazas luego de reclamar asistencia y obras. La denuncia fue impulsada por la intendenta y su madre.
Las vecinas aseguran que sólo querían ser escuchadas, que habían sufrido daños por el agua y que buscaban respuestas del municipio. En lugar de una mesa de diálogo, terminaron en tribunales.
Ese punto es central. Una intendenta no puede responder al reclamo social como si cada vecino que protesta fuera un enemigo. Gobernar un municipio pobre exige sensibilidad, rendición de cuentas y presencia territorial. No alcanza con mostrar autoridad cuando la gente pide ayuda después de inundarse.
La presunta mansión en Las Yungas y la judicialización de mujeres humildes forman parte de una misma discusión política: qué distancia hay entre quienes administran el poder y quienes padecen las consecuencias de una gestión insuficiente.
Raquel Graneros tiene ahora una obligación pública. No alcanza el silencio. Debe explicar si compró o no esa propiedad, con qué fondos, bajo qué condiciones y por qué su gestión eligió denunciar a vecinas antes que escucharlas.
Porque en un municipio con pobreza, inundaciones y reclamos sociales, el verdadero escándalo no es que la gente proteste. El escándalo es que el poder viva como si no tuviera nada que explicar.
