El transporte público de San Miguel de Tucumán vuelve a quedar en el centro de la discusión política y social. La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán presentó formalmente ante el Concejo Deliberante un pedido para llevar el boleto urbano a $2.400, una cifra que encendió las alarmas entre los usuarios y que ya comenzó a ser analizada por la Comisión de Transporte.
El planteo empresarial implica prácticamente duplicar el valor actual del pasaje, que desde diciembre se ubica en $1.250. Aunque desde el sector empresario sostienen que ese monto surge de un estudio de costos, en el Concejo la cifra fue recibida con cautela y fuertes reparos. El presidente del cuerpo, Fernando Juri, advirtió que un incremento de esa magnitud resulta “inviable”, aunque aclaró que la discusión deberá darse sobre la base de información técnica.
La Comisión de Transporte, presidida por José María Franco, comenzó a evaluar el expediente presentado por AETAT. La idea del cuerpo no es aprobar automáticamente el número reclamado por los empresarios, sino contrastarlo con datos oficiales del municipio y con la información que arroja el sistema SUBE. Allí aparecen variables centrales: cantidad real de pasajeros, usuarios que pagan tarifa plena, beneficiarios de descuentos y evolución de la demanda en los últimos meses.
El dato no es menor. Por primera vez, el Concejo cuenta con herramientas más precisas para discutir la tarifa y no depender únicamente de los estudios de costos presentados por las empresas. Esa información será clave para definir si habrá aumento, de cuánto será y bajo qué condiciones se autorizará.
Subsidios, adelantos y una cuenta que siempre termina pagando alguien
La discusión por el boleto no puede separarse del esquema de subsidios. En las últimas semanas, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán resolvió otorgar un adelanto financiero de $900 millones a las empresas de transporte para garantizar la continuidad del servicio y evitar nuevas medidas de fuerza.
Ese auxilio fue presentado como una herramienta de emergencia para sostener la operatividad del sistema. Sin embargo, también expuso una contradicción que irrita a los usuarios: mientras el Estado inyecta fondos públicos para evitar el colapso, las empresas vuelven a pedir un aumento tarifario y el servicio sigue acumulando quejas.
Desde AETAT argumentan que, incluso con los actuales subsidios provinciales y municipales, el boleto debería ubicarse cerca de los $2.400. También sostienen que, sin compensaciones, el valor real del viaje superaría los $4.000. El planteo empresario busca instalar una idea: que el usuario no está pagando el costo completo del sistema y que la diferencia debe ser cubierta por el Estado o por una nueva suba.
Pero del otro lado aparece la pregunta que se repite en cada parada: si hay subsidios, adelantos y aumentos, ¿por qué el servicio no mejora? La experiencia cotidiana de miles de tucumanos muestra otra realidad: colectivos que tardan, frecuencias que no se cumplen, unidades deterioradas, recorridos insuficientes y una prestación que obliga al pasajero a reorganizar su vida alrededor de la incertidumbre.
El problema, entonces, no es sólo cuánto debe costar el boleto. También es qué recibe el usuario a cambio. Porque cada incremento se justifica en nombre de la sustentabilidad del sistema, pero esa sustentabilidad rara vez se traduce en mejoras visibles para quienes dependen del colectivo para ir a trabajar, estudiar, hacer trámites o llegar a un hospital.
Un sistema caro, ineficiente y cada vez más lejos del usuario
En el Concejo crece la idea de que el debate tarifario no alcanza. Varios concejales advierten que el sistema está agotado y que seguir discutiendo aumentos cada pocos meses sólo posterga una crisis estructural. La descripción que aparece en el oficialismo municipal es dura: un transporte obsoleto, caro e ineficiente.
Uno de los puntos más cuestionados es la falta de planificación integral. El esquema actual mantiene superposición de líneas, recorridos que no siempre responden a la demanda real y una estructura que parece más pensada para sostener empresas que para ordenar la movilidad urbana. En ese contexto, el pasajero queda atrapado entre el reclamo empresario, la asistencia estatal y un servicio que no recupera calidad.
El aumento pedido por AETAT llega en un momento de fuerte malestar social. Para muchos usuarios, pagar $2.400 por viaje sería directamente impagable. Una persona que necesita tomar dos colectivos por día pasaría a gastar $4.800 diarios. Si debe trasladarse cuatro veces, por horarios cortados o doble actividad, el costo diario treparía a $9.600. En un mes laboral, la cifra se vuelve incompatible con buena parte de los salarios tucumanos.
Por eso, en el Concejo intentan tomar distancia del número planteado por los empresarios. La discusión puede derivar en una actualización menor, pero difícilmente el pedido de $2.400 sea aprobado tal como fue presentado. Aun así, todo indica que alguna suba habrá, porque los propios ediles reconocen que la tarifa quedó desfasada frente al aumento de combustibles, salarios y costos operativos.
La gran deuda sigue siendo la misma: que cada peso que se autorice, ya sea por subsidio o por tarifa, tenga una contraprestación concreta. Más frecuencias, unidades en condiciones, cumplimiento de recorridos, controles reales y un sistema transparente. Sin eso, cualquier aumento será leído como un nuevo golpe al bolsillo para sostener un servicio que no está a la altura de lo que pagan los tucumanos.
El transporte público tucumano vuelve así a una encrucijada conocida: empresarios que reclaman más ingresos, Estado que aporta fondos para evitar el colapso y usuarios que pagan cada vez más por viajar peor. En ese triángulo, el boleto a $2.400 funciona menos como una tarifa posible que como el síntoma de una crisis que ya no se resuelve con parches.
