Una joven tucumana de poco más de 20 años denunció a un fisioterapeuta por un presunto abuso sexual ocurrido en la comuna de León Rougés, en un contexto que inicialmente se presentó como una oportunidad laboral. La causa, caratulada como “abuso sexual simple”, es investigada por la Justicia en Monteros.
La denunciante —identificada como “Amelia” para preservar su identidad— relató que había establecido contacto con el profesional, de nacionalidad cubana, interesado en incorporarla para tareas vinculadas a su formación como profesora en educación especial y acompañante terapéutico. Según su testimonio, tras una primera reunión, fue citada nuevamente con documentación personal.
En ese segundo encuentro, siempre de acuerdo a su declaración, la situación tomó otro rumbo. Bajo el argumento de evaluar sus conocimientos, el fisioterapeuta habría iniciado maniobras físicas sin justificación clara, le pidió que se recostara en una camilla y que descubriera parte de su cuerpo. La joven sostuvo que en ese contexto se produjeron tocamientos indebidos y preguntas de carácter íntimo.
El episodio más grave, según denunció, ocurrió cuando el hombre se colocó detrás de ella, expuso sus genitales y la apoyó contra su cuerpo. “Grité ‘no’ y me fui”, afirmó. Tras retirarse del lugar, regresó a su domicilio y, acompañada por su familia, radicó la denuncia en la comisaría local.
El acusado fue demorado durante algunas horas, pero recuperó la libertad mientras avanza la investigación. La joven manifestó su preocupación por esta situación y señaló que el profesional continuaría ejerciendo en distintas localidades de la provincia.
Actualmente, la causa sigue su curso en la Justicia tucumana. La denunciante cuenta con patrocinio legal del Estado y expresó su expectativa de que el caso avance. El hecho generó inquietud en la comunidad, tanto por la gravedad de la acusación como por el ámbito en el que habría ocurrido: un consultorio y bajo una relación asimétrica de poder.
En Argentina, las prácticas médicas y terapéuticas están reguladas por normas como la Ley 26.529 de derechos del paciente, que exige consentimiento informado y establece límites claros. La vulneración de estos principios puede configurar un delito, especialmente cuando se afecta la integridad y la intimidad de las personas.
