La Caja Popular de Ahorros volvió a quedar en el centro de una tormenta política e institucional. Esta vez, no por una pulseada coyuntural ni por un cruce de declaraciones: el Tribunal de Cuentas de Tucumán abrió una Comprobación Sumaria para determinar si existió perjuicio fiscal por la falta de transferencia del 1% mensual del producido de los juegos de azar al Fondo Provincial del Deporte, una obligación legal vigente desde 2003.
La decisión quedó plasmada en el Acuerdo N° 402, firmado el 27 de febrero, y apunta tanto a la Caja Popular como a la Secretaría de Estado de Deportes, es decir: el control no se limita a “quién no pagó”, sino también a “quién debía recibir y controlar” que esos fondos ingresaran. En el corazón del planteo aparece una frase que anticipa el tono del expediente: para el organismo de control, la obligación es “automática, imperativa y exigible”.
El dato que más ruido hace no es sólo el período —más de dos décadas— sino el reconocimiento contable: según lo consignado en las actuaciones, la propia Caja habría registrado una previsión de deuda de $78.409.447 al 30 de junio de 2024, acumulada desde 2003, pero sin que se adviertan transferencias efectivas ni movimientos en la cuenta específica del Fondo Provincial del Deporte. Desde el área deportiva, en paralelo, se admite que nunca recibió fondos por ese concepto y que no hay registros de ingresos vinculados a ese 1%.
En la práctica, el acuerdo abre una investigación para asignar responsabilidades funcionales y administrativas en un tema sensible: el destino de los recursos que genera el juego, uno de los motores financieros de la Caja Popular y, por extensión, uno de los centros de poder más codiciados de la política tucumana.
El cambio de mando que reordena el tablero: Jaldo sacó a Díaz y el cisnerismo perdió la caja
El acuerdo del Tribunal no cae en el vacío: llega en un momento de reconfiguración interna en la Caja Popular, luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo impulsara el recambio de autoridades y terminara con la conducción que hasta el 23 de enero encabezaba el ex interventor José Díaz, señalado como dirigente cercano al diputado nacional y referente de La Bancaria, Carlos Cisneros. Ese desplazamiento, formalizado con acto y foto institucional, fue leído en la política como lo que es: una señal hacia adentro del peronismo y hacia el sindicalismo bancario.
Con el recambio, asumieron Guillermo Norry como interventor y Antonio Bustamante como subinterventor. En términos de poder, el mensaje fue directo: la Casa de Gobierno decidió quitarle al cisnerismo el control operativo de una estructura históricamente estratégica. En Tucumán, la Caja Popular no es sólo una entidad financiera estatal: es una plataforma de recaudación y administración de fondos con capacidad de sostener políticas, alianzas y lealtades.
En ese mismo clima, el Tribunal de Cuentas también avanzó con otra decisión que tuvo lectura política: anuló dos designaciones firmadas por Díaz apenas días antes de ser desplazado, y cuestionó el procedimiento por presuntas irregularidades administrativas. No fue un expediente aislado: fue otro ladrillo en la construcción de un cerco institucional sobre la gestión anterior.
La secuencia —recambio en la cúpula, anulaciones administrativas y ahora una investigación por incumplimientos de largo plazo— alimenta una conclusión que ya circula sin eufemismos en los pasillos del poder: Casa de Gobierno viene con todo contra el cisnerismo, y la Caja Popular es el frente donde se está librando la batalla principal.
Del Siprosa al deporte: la ofensiva por el control del dinero del juego y el costo político de la guerra abierta
El caso del 1% para el deporte tiene un antecedente pesado: el conflicto por las transferencias del juego al Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Allí, el Tribunal ya había advertido incumplimientos y avanzó con medidas más severas. En junio de 2024, el organismo aprobó una auditoría que detectó “graves incumplimientos” en las transferencias mensuales previstas por la normativa y, más adelante, se habló de una deuda superior a $3.381 millones vinculada al destino de fondos del juego hacia la salud. En noviembre de 2025, el Tribunal volvió a pronunciarse y amplió presentaciones al considerar que hubo pagos tardíos y sin convalidación, lo que reforzaría sospechas de retención indebida.
Ese antecedente permite leer la investigación por el Fondo del Deporte como parte de un patrón: los fondos del juego aparecen como el núcleo de los expedientes más explosivos alrededor de la Caja Popular. Y por eso mismo, se convierten en el terreno ideal para una ofensiva política: cada investigación administrativa o denuncia penal no sólo expone presuntas irregularidades; también erosiona el relato y la legitimidad de quienes condujeron el organismo durante años.
En el medio, la provincia se parte en dos interpretaciones que chocan:
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Para el oficialismo provincial y el entorno de Jaldo, se trata de “ordenar”, auditar y transparentar un organismo sensible.
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Para el cisnerismo y su órbita, es una persecución político-institucional en una disputa que viene de larga data, con el Tribunal como actor central de una pelea que ya dejó intentos de juicio político y acusaciones cruzadas.
Lo cierto es que el Tribunal de Cuentas, con acuerdos firmados y procedimientos abiertos, avanza sobre un período larguísimo de presuntos incumplimientos. Y la Casa de Gobierno, con el recambio de autoridades ya consumado, parece haber decidido ir más allá del gesto: no se trata sólo de administrar la Caja Popular con nuevos nombres, sino de revisar la caja negra del juego y disputar el control simbólico y real de esos recursos.
En política tucumana, pocas cosas pesan tanto como el manejo del dinero del juego. Por eso el expediente del 1% para el deporte no es un tecnicismo: es un capítulo más de una guerra de poder. Y, si el tribunal logra convertir la investigación en responsabilidades concretas, el impacto no quedará encerrado en un acuerdo administrativo: puede convertirse en una derrota estructural del cisnerismo en el lugar donde más fuerte fue durante décadas.
