Una prueba poco habitual terminó modificando el eje de una investigación que comenzó con Facundo Ale, de 28 años, presentado como presunta víctima de un ataque armado y que ahora lo tiene como principal acusado. El caso se originó el 21 de septiembre, durante un tiroteo registrado en un salón de fiestas, episodio que en un primer momento fue interpretado como una pelea vinculada a la interna de la barra de San Martín, pero que luego empezó a ser leído por los investigadores como parte de una posible disputa territorial con trasfondo narco.
La investigación quedó en manos del fiscal Mariano Fernández, quien identificó a los integrantes de los grupos enfrentados y avanzó con medidas que derivaron en varias detenciones. Entre los involucrados aparecieron Javier “Chuky” Casanova, Facundo Ale, Jorge Alejandro Anaya González y Juan Nicolás Vargas. Anaya González había resultado herido de un disparo en una pierna durante la balacera.
Del relato defensivo al cambio de hipótesis
Facundo Ale sostuvo desde el inicio que había ido al salón de fiestas a buscar a unos amigos y que, al ser descubierto por integrantes del grupo rival, comenzaron a dispararle. Según esa versión, él sólo se habría defendido. Sin embargo, no entregó ni el arma que habría utilizado ni el vehículo en el que se movilizaba.
La situación comenzó a modificarse con las declaraciones de otros imputados. Anaya González y Vargas afirmaron que Ale fue el único que disparó y que ellos sólo buscaron resguardarse. Casanova, por su parte, negó haber estado en la fiesta y su defensor, Leandro Herrera, sostuvo que le habían armado una causa.
Con el avance de la pesquisa, el fiscal Fernández terminó sobreseyendo a Casanova en este expediente. La acusación contra él se había apoyado en testimonios de identidad reservada, pero esos testigos nunca fueron ubicados para ratificar sus dichos ante la Justicia. Ese dato debilitó la hipótesis inicial y abrió paso a una nueva teoría: que Ale, al enterarse de que sus “enemigos” estaban en el lugar, habría ido al salón y habría comenzado a disparar.
La prueba clave: el análisis del video y los disparos
El giro más fuerte de la causa llegó a partir de una pericia de sonido solicitada por el Ministerio Público. El fiscal recurrió a un especialista de la Universidad Nacional de Tucumán para analizar el video que había registrado el tiroteo.
Según la interpretación incorporada al expediente, el estudio permitió determinar que “Facundito” Ale habría sido quien inició los disparos. Además, la pericia indicó que posiblemente se utilizó una pistola calibre nueve milímetros.
Ese resultado terminó siendo central para la acusación. A partir de esa prueba, Ale quedó imputado por portación de arma de guerra en concurso ideal con abuso de arma, en perjuicio de la administración pública y de Anaya González y Vargas. Estos dos últimos también afrontan una imputación vinculada al primero de esos delitos.
Fuentes judiciales indicaron que sólo resta conocer el resultado de una pericia para que la causa quede en condiciones de ser elevada a juicio. En paralelo, el fiscal tiene previsto pedir la prórroga de la prisión preventiva que pesa sobre Ale, medida que cumple bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La situación procesal del imputado es delicada. Si llegara a ser condenado, la pena sería de cumplimiento efectivo, ya que el año pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena previa en su contra por haber atacado a balazos la casa de una referente del clan conocido como Los Gardelitos. Sus defensores, Agustín Monteros y Ricardo Fanlo, prefirieron no realizar declaraciones.
Las derivaciones narco y las denuncias cruzadas
La causa por el tiroteo terminó abriendo una serie de derivaciones inesperadas. A los pocos días del hecho comenzaron a aparecer indicios relacionados con el narcotráfico. El auto en el que se movilizaba Ale estuvo involucrado en un accidente en el que murió Mario Pasarín, quien había sido condenado por narcotráfico.
También se sumó otro episodio: a Anaya González, luego de que le concedieran el arresto domiciliario, le encontraron cinco kilos de marihuana en la vivienda donde debía cumplir la medida.
En medio de ese escenario, Ángel “El Mono” Ale reconoció que él había confeccionado y ordenado colgar una bandera en la cancha de San Martín para denunciar públicamente a Casanova y a Walter “Petiso David” Lobos por supuestos vínculos con el tráfico de drogas. Según explicó, lo hizo porque consideraba que la Justicia no había actuado frente a denuncias previas.
Las consecuencias no terminaron allí. Casanova y Lobos fueron procesados por la Justicia Federal por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, a partir de droga secuestrada en allanamientos relacionados con esta investigación. En el caso de “Chuky”, se mencionó el hallazgo de casi 100 bochitas de cocaína; en el de “Petiso David”, cinco kilos de marihuana.
Las defensas cuestionaron duramente esos procedimientos. Herrera afirmó que existen casos en los que se allanan domicilios por un delito y “casualmente” aparecen estupefacientes. También remarcó que la pesquisa fue realizada por policías que actuaban bajo las órdenes de los comisarios Gustavo Beltrán y Colario Juárez, condenados recientemente por hechos de corrupción.
Los familiares y la defensa de Lobos también apuntaron contra esos funcionarios. Augusto Avellaneda, abogado de “Petiso David”, sostuvo que la marihuana secuestrada en uno de los domicilios vinculados a su cliente provenía de un procedimiento realizado en Trancas por personal bajo esas mismas órdenes. Para las defensas, el caso quedó atravesado por sospechas de armado policial, denuncias cruzadas y una interna que excede ampliamente el tiroteo inicial.
