El expediente analizado por el Tribunal de Cuentas sobre la Secretaría de Estado de Comunicación Pública vuelve a dejar una postal difícil de defender: una contratación por $125.307.000 para limpieza, mantenimiento, fumigación y hasta limpieza de espacios verdes en dependencias de una repartición que tiene como función principal comunicar la gestión del Gobierno.
El monto, por sí solo, ya llama la atención. Pero golpea mucho más cuando se lo mira desde el contexto tucumano: una provincia empobrecida, con urgencias sociales acumuladas, servicios públicos deficientes, escuelas y hospitales con reclamos permanentes, barrios con problemas de infraestructura y ciudadanos que cada vez sienten más lejos al Estado cuando necesitan respuestas concretas.
Una secretaría para comunicar, no para absorber millones
La Secretaría de Comunicación Pública no es un hospital, no es una escuela, no es una repartición dedicada a obras, asistencia social o mantenimiento urbano. Su función está ligada a la difusión de los actos de gobierno, la relación con los medios y la construcción del mensaje oficial.
Por eso la contratación resulta tan difícil de explicar. No se discute que toda oficina pública debe estar limpia y en condiciones. El problema es la escala del gasto. Más de $125 millones para una dependencia administrativa obligan a preguntar si el Estado tucumano tiene algún criterio real de austeridad o si simplemente naturalizó cifras millonarias para áreas que no están entre las más urgentes.
En una provincia con tantas necesidades básicas insatisfechas, cada peso destinado a sostener estructuras burocráticas debería estar debidamente justificado. Y en este caso, la justificación aparece débil frente al volumen del contrato.
¿Cuántos espacios verdes tiene Comunicación Pública?
El punto más llamativo del expediente es la inclusión de la “limpieza de espacios verdes”. La pregunta surge sola: ¿qué cantidad de espacios verdes tiene la Secretaría de Comunicación Pública como para que ese rubro forme parte de una contratación millonaria?
No estamos hablando de una repartición encargada de parques, plazas, paseos públicos o mantenimiento urbano. Se trata de un área administrativa dedicada a la comunicación oficial. Entonces, salvo que el Gobierno informe con precisión qué dependencias están incluidas, cuántos metros cuadrados deben mantenerse y qué tipo de espacios verdes requieren atención, el concepto queda abierto a una sospecha razonable.
Porque cuando una contratación incorpora servicios tan amplios —limpieza, mantenimiento, fumigación y espacios verdes— sin una explicación pública detallada, el riesgo es que el gasto termine pareciendo un paquete inflado, difícil de auditar para el ciudadano común y cómodo para seguir ampliando erogaciones estatales.
Cuando la publicidad oficial ya no parece suficiente
La crítica de fondo es política. Tucumán ya destina importantes recursos a publicidad oficial, comunicación gubernamental y difusión de gestión. Ahora, además, aparece una contratación millonaria vinculada al funcionamiento de la misma estructura que administra el relato del Gobierno.
Da la impresión de que ya no alcanza con lo que se gasta para mostrar una gestión eficiente. También hay que sostener con cifras elevadas las oficinas, los servicios y hasta los supuestos espacios verdes de quienes se encargan de comunicarla.
El Tribunal de Cuentas señaló que, en esta instancia, no se advierte todavía empleo efectivo de fondos públicos y que la existencia de crédito presupuestario será verificada en la etapa correspondiente. Pero el debate no se agota en la formalidad administrativa. La pregunta es si resulta razonable que una provincia con tantas carencias avance en una contratación de este tamaño para una repartición que no atiende una urgencia directa de la población.
El expediente deja una señal incómoda: mientras a los tucumanos se les pide paciencia, esfuerzo y comprensión ante la falta de soluciones, el Estado sigue encontrando margen para sostener gastos difíciles de explicar. Y esta vez, el interrogante es todavía más concreto: antes de aprobar $125 millones, alguien debería explicar cuántos espacios verdes tiene realmente Comunicación Pública.
