La Universidad Nacional de Tucumán entró en una etapa decisiva con la inscripción de las fórmulas que competirán por el Rectorado para el período 2026-2030. Por un lado, Sergio Pagani buscará continuar al frente de la institución junto a Mercedes Leal. Por el otro, Miguel Cabrera y Virginia Abdala intentarán disputar una conducción marcada por fuertes cuestionamientos internos.
La elección no aparece atravesada sólo por nombres propios. Detrás de la pulseada por el Rectorado se mezclan la discusión por el sistema de gobierno universitario, el manejo de fondos millonarios vinculados a la minería y el impacto del ajuste nacional sobre docentes, no docentes y estudiantes.
Un sistema cerrado para definir el futuro de la UNT
Uno de los principales cuestionamientos apunta al mecanismo de elección de autoridades. En la UNT, el rector no es elegido por voto directo de toda la comunidad universitaria, sino a través de la Asamblea Universitaria, integrada por decanos y representantes de los consejos directivos de las facultades.
Esa estructura vuelve a poner en debate el peso real de estudiantes, docentes, no docentes y escuelas experimentales en las decisiones centrales. Mientras en otros ámbitos rige el principio de “una persona, un voto”, en la universidad tucumana persiste un sistema indirecto que concentra el poder en una representación limitada.
La candidatura de Pagani para un nuevo período también generó objeciones, ya que sectores internos advierten que podría implicar una continuidad excesiva al frente de la institución. Sus impulsores, en cambio, sostienen que la reforma estatutaria habilita una nueva etapa. La discusión, lejos de ser sólo jurídica, vuelve a mostrar cómo la política universitaria se resuelve en un terreno donde pesan más los acuerdos de conducción que la participación masiva de la comunidad.
La minería como telón de fondo de la disputa
Otro punto sensible es el vínculo histórico de la UNT con los fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio. La universidad mantiene una relación económica con utilidades originadas en la actividad minera de Catamarca, un tema que siempre generó debates por las denuncias ambientales y por el destino de esos recursos.
Según el artículo tomado como base, el nuevo esquema permitiría que la UNT vuelva a recibir el 40% de las utilidades hasta concretar 135.000 metros cuadrados de obras. Las estimaciones mencionadas ubican esa discusión en una escala multimillonaria, con cifras que podrían rondar los cientos de miles de millones de pesos.
Por eso, la elección del Rectorado no puede leerse únicamente como una pulseada académica. También se juega la administración de recursos extraordinarios, la orientación de obras y el modelo de universidad que se quiere consolidar. La pregunta de fondo es si esos fondos se discutirán con transparencia y participación o si quedarán encerrados en la misma lógica de rosca que domina buena parte de la vida institucional.
Ajuste, salarios bajos y una universidad en tensión
La disputa electoral ocurre en medio de un fuerte deterioro presupuestario para las universidades nacionales. Los salarios docentes y no docentes vienen perdiendo poder adquisitivo, las becas resultan insuficientes y en distintas facultades se multiplican los reclamos por problemas edilicios.
El malestar no se limita a las aulas. También alcanza a los estudiantes, que enfrentan mayores costos para cursar, trasladarse, imprimir apuntes y sostener la vida universitaria. En ese contexto, la idea de una elección “normal” aparece cuestionada por sectores que advierten que la UNT no puede discutir cargos mientras crece el ajuste sobre quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de la institución.
El escenario deja una imagen incómoda: una universidad que debate su conducción entre acuerdos internos, fondos mineros y una crisis presupuestaria profunda. La elección del Rectorado, entonces, no sólo definirá autoridades. También pondrá en evidencia si la UNT continúa funcionando bajo una lógica cerrada y administrada por pocos, o si abre una discusión más amplia sobre democracia interna, transparencia y defensa real de la universidad pública.
