La nueva prórroga de la emergencia en el transporte público volvió a dejar expuesta una discusión que Tucumán arrastra desde hace años: el sistema se sostiene a fuerza de parches, pero no encuentra una solución de fondo. Desde la oposición cuestionan que, pese al fuerte incremento de los subsidios estatales, el servicio continúa acumulando quejas por frecuencias deficientes, unidades en mal estado, inseguridad y falta de previsibilidad para los usuarios.
El planteo apunta al corazón del problema: cada extensión de la emergencia aparece como una respuesta transitoria ante una crisis permanente. En lugar de ordenar el sistema, revisar recorridos, transparentar costos y discutir un modelo de movilidad acorde a la realidad actual, el Estado vuelve a recurrir al mismo esquema: más dinero público para sostener un servicio que no mejora.
Un modelo agotado y sostenido por subsidios
La oposición advierte que el transporte dejó de funcionar como un servicio pensado para los pasajeros y pasó a convertirse en una estructura que depende cada vez más de fondos públicos. Según los datos expuestos en el debate, en 2019 el auxilio mensual era de $20 millones y actualmente ronda los $9.000 millones por mes. Es decir, 450 veces más recursos destinados al sistema.
Sin embargo, ese aumento no se tradujo en una mejora proporcional del servicio. Por el contrario, los usuarios siguen padeciendo demoras, recorridos insuficientes y unidades que no responden a las necesidades de una ciudad que cambió sus hábitos de movilidad. El crecimiento del teletrabajo, los trámites digitales y las alternativas de transporte por aplicaciones modificaron la demanda, pero el sistema tradicional parece seguir atado a una lógica vieja.
Un agujero negro de fondos públicos
La crítica más fuerte es que el transporte se transformó en un agujero negro de fondos: absorbe cada vez más recursos, pero devuelve cada vez menos resultados. El Estado aumenta los aportes, los empresarios reclaman mayores compensaciones, los gremios presionan por salarios y los usuarios quedan atrapados en el medio, pagando tarifas más caras por un servicio que no garantiza calidad.
Desde la oposición remarcan que la caída en el corte de boletos, estimada en torno al 50% desde 2019, confirma que el sistema perdió centralidad. Menos pasajeros utilizan los colectivos, pero el gasto estatal se multiplica. Esa ecuación alimenta la sospecha de que la emergencia dejó de ser una herramienta excepcional y se convirtió en el modo habitual de administrar el fracaso.
La emergencia como excusa permanente
El problema de fondo es político. Prorrogar la emergencia una y otra vez implica admitir que no hubo capacidad para resolver la crisis. Sirve para ganar tiempo, evitar decisiones incómodas y mantener funcionando un sistema que nadie termina de ordenar. Pero el costo lo pagan los tucumanos: como usuarios, con un servicio deficiente; y como contribuyentes, con subsidios millonarios que no generan cambios visibles.
La oposición plantea que Tucumán necesita una reforma integral del transporte, no una nueva extensión administrativa. Eso implica revisar recorridos, frecuencias, costos, controles, subsidios y responsabilidades. También discutir si el colectivo, tal como funciona hoy, alcanza para responder a las nuevas formas de movilidad urbana.
Mientras esa discusión siga postergada, la emergencia seguirá siendo apenas otro parche. Y cada nuevo parche confirmará lo mismo: que el transporte público tucumano consume más fondos, pero continúa sin ofrecer una solución real.
