La crisis del transporte urbano volvió a colocar a la gestión de Rossana Chahla en el centro de las críticas. Esta vez, desde la oposición reclamaron que el Ejecutivo municipal envíe de una vez los pliegos de licitación al Concejo Deliberante para discutir de fondo el futuro de las líneas urbanas, la continuidad de las empresas y la calidad de un servicio que arrastra problemas desde hace años. Según plantearon, la falta de decisiones estructurales mantiene a miles de usuarios atrapados en un sistema inestable, deficiente y sin horizonte claro.
Un sistema en crisis permanente
Desde la oposición advirtieron que el transporte público en San Miguel de Tucumán sigue sostenido con medidas transitorias, sin una política de fondo que permita ordenar el servicio. La crítica apunta directamente a la intendenta Chahla, a quien le reprochan no haber impulsado todavía la discusión de los pliegos, una herramienta considerada clave para revisar obligaciones de las prestatarias, condiciones del servicio y eventuales alternativas para reorganizar el esquema actual.
La lectura opositora es que la capital tucumana vive en una lógica de emergencia constante: empresas que alertan por su situación, trabajadores en estado de tensión y respuestas oficiales que apenas buscan desactivar el conflicto del momento. En ese marco, sostienen que la administración municipal no logró ofrecer soluciones duraderas y que el transporte sigue siendo una de las deudas más visibles de la gestión.
Chahla, bajo presión por la falta de respuestas concretas
El reclamo se conoció poco después de los cambios dispuestos por la jefa municipal en su gabinete, con la llegada de Carlos Arnedo a la Secretaría de Movilidad Urbana. Pero para la oposición, modificar nombres dentro del equipo no alcanza si no se avanza en definiciones de fondo sobre uno de los servicios más sensibles para la vida cotidiana de la ciudad.
El cuestionamiento político a Chahla pasa justamente por ese punto: la percepción de que la Municipalidad sigue reaccionando ante cada sobresalto, pero sin encarar una salida estructural. Mientras tanto, miles de vecinos continúan dependiendo de colectivos que, salvo excepciones, no logran garantizar frecuencia, previsibilidad ni condiciones adecuadas de traslado. Para los sectores opositores, el problema ya no puede maquillarse con anuncios parciales ni con reacomodamientos internos.
La oposición busca instalar el debate de fondo
En ese escenario, la oposición intenta correr la discusión del terreno administrativo y llevarla al plano político. El planteo es que el transporte no puede seguir siendo gestionado como una crisis repetida cada dos o tres meses, porque detrás de cada interrupción o deterioro del servicio hay trabajadores, estudiantes, pacientes y familias enteras que ven afectada su rutina.
Por eso, el reclamo central está puesto en que el Ejecutivo municipal remita los pliegos al Concejo y abra un debate serio, transparente e integral. Desde esa mirada, el verdadero problema no es sólo el mal funcionamiento actual del sistema, sino la ausencia de una decisión política de la intendenta para encarar una solución definitiva. Ahí se concentra hoy la crítica opositora: en una gestión que, frente a un tema clave para la ciudad, sigue ofreciendo parches donde hacen falta respuestas de fondo
