Después de nuevos temporales y reclamos por calles anegadas, ríos crecidos y barrios complicados, la oposición decidió subir el volumen institucional: presentó un pedido para que el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, sea interpelado en la Legislatura y explique qué se hizo —y qué no— con los fondos nacionales asignados al Plan Pre Lluvia.
El planteo no apunta sólo a la emergencia de cada tormenta, sino a la ausencia de obras de fondo. En el proyecto se exige un detalle técnico de tareas de limpieza y dragado en cursos considerados críticos —como los ríos Chico, Marapa y Salí—, además del estado de defensas, cuencas y puentes. Pero el corazón del reclamo es político y contable: transparencia, trazabilidad y control del gasto en un esquema que opera bajo el paraguas de la emergencia hídrica.
¿Dónde está la plata?: los ATN, los decretos y el número que se discute
El número que instaló la discusión es fuerte: $36.500 millones. La oposición sostiene que esa cifra surge de sumar $16.500 millones recibidos entre 2024 y 2025 para el Plan Pre Lluvia, más un ATN “récord” de $20.000 millones aceptado en diciembre de 2025.
Sobre ese último giro hay datos oficiales ya publicados: la recepción del ATN de $20.000 millones quedó reflejada en decretos provinciales y se encuadró en la Ley de Emergencia Hídrica y Social (vigente desde 2007). En otras palabras: no es una discusión abstracta sobre promesas, sino sobre actos administrativos concretos, partidas presupuestarias y obras que deberían poder auditarse con expedientes, certificaciones y listados de intervención por zona.
Del lado del Gobierno, la respuesta habitual es que el Plan Pre Lluvia sí funciona y que evitó escenarios peores en puntos del interior. La oposición retruca que “mitigar” no alcanza si los mismos lugares se inundan verano tras verano: por eso pide que Nazur detalle qué se ejecutó, dónde, con qué empresas o equipos, con qué control y con qué resultados medibles.
La Capital también en el centro: ¿Chahla debe dar explicaciones por lo que pasó en San Miguel?
El reclamo provincial choca con una realidad incómoda: varios de los episodios más visibles también ocurrieron en San Miguel de Tucumán. En enero, por ejemplo, se reportaron situaciones de emergencia con evacuaciones en zonas cercanas al río Salí y anegamientos en distintos sectores. Y cuando el agua entra en la ciudad, la pregunta cambia de ventanilla: ¿hasta dónde llega la responsabilidad provincial y dónde empieza la municipal?
Ahí aparece el segundo foco político que hoy la oposición quiere empujar: si los problemas se concentraron en la Capital, la Intendencia también debería exhibir su parte del mapa. Qué tareas de limpieza y mantenimiento se hicieron, qué obras pluviales están en marcha, cómo se coordinó con Provincia y qué ejecución presupuestaria tuvo el plan local de contingencia.
La discusión, en el fondo, es esta: si hubo miles de millones para prevenir, ¿por qué la provincia sigue “bajo el agua” con cada tormenta fuerte? Y si la foto del desastre también se repitió en la Capital, ¿alcanza con señalar a Obras Públicas o también tiene que responder la gestión municipal?
