La biotecnóloga tucumana Lorena Diblasi, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), fue cesanteada del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en medio de una controversia relacionada con sus investigaciones sobre las vacunas contra el COVID-19. La profesional sostiene que su desvinculación constituye una represalia por haber cuestionado la composición de los productos utilizados durante la pandemia y denunció un supuesto intento de silenciar sus trabajos. Sin embargo, los fundamentos completos de la decisión administrativa no pudieron ser corroborados mediante una resolución oficial publicada por el organismo.
La medida habría sido dispuesta el 9 de octubre de 2026, luego de un sumario iniciado a partir de cuestionamientos formulados por especialistas de la Universidad de Buenos Aires. El procedimiento también involucró a la investigadora Marcela Sangorrín, quien participó del estudio junto a Diblasi.
En declaraciones a Radio Realpolitik, la científica tucumana sostuvo que el proceso careció de fundamentos legales suficientes y vinculó directamente su expulsión con las investigaciones que venía desarrollando. También cuestionó la actuación de las autoridades científicas y aseguró que existen otros profesionales que enfrentan situaciones similares por sus posiciones sobre las vacunas.
La investigación que desencadenó la controversia
Diblasi integró un equipo junto al médico Martín Monteverde, el biólogo David Nonis y la investigadora Marcela Sangorrín, que publicó en octubre de 2024 un trabajo en la revista International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research. Allí, sus autores afirmaron haber identificado 55 elementos químicos no declarados en muestras de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca, CanSino, Moderna, Pfizer, Sinopharm y Sputnik V.
Para realizar los análisis se utilizó una técnica denominada espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), destinada a detectar y cuantificar elementos químicos en distintas muestras. Según los autores, los resultados incluyeron la presencia de metales y otros elementos que no figuraban entre los componentes declarados de los productos estudiados.
No obstante, las conclusiones del trabajo fueron cuestionadas por especialistas y verificadores científicos debido a problemas metodológicos y a las características de la revista que lo publicó. La existencia de una publicación no significa, por sí misma, que sus resultados hayan sido confirmados de manera independiente. Tampoco la detección de trazas de determinados elementos químicos demuestra automáticamente que exista un riesgo sanitario: para determinarlo es necesario evaluar concentraciones, condiciones de exposición y posibles efectos biológicos.
La evidencia científica acumulada sobre las vacunas contra el COVID-19 permitió identificar efectos adversos poco frecuentes, que continúan siendo objeto de vigilancia sanitaria, pero no respalda las afirmaciones generales sobre componentes tecnológicos ocultos o propiedades magnéticas atribuidas a la vacunación.
El sumario y las denuncias de la investigadora
De acuerdo con la documentación citada por medios que siguieron el caso, el procedimiento administrativo se originó después de una presentación de los químicos Roberto Echenique y Alejandro Leciñana, vinculados a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. El informe fue elevado al CONICET por el decano Guillermo Durán y cuestionó aspectos del trabajo difundido por las investigadoras.
Diblasi y Sangorrín rechazaron esas observaciones y argumentaron que los cuestionamientos metodológicos no estuvieron acompañados de nuevos análisis químicos de laboratorio. También sostuvieron que las investigaciones fueron realizadas de manera independiente, mediante servicios contratados y sin utilizar fondos institucionales específicamente destinados al estudio.
La científica tucumana considera que el expediente representa una persecución contra quienes plantean interrogantes sobre las vacunas y cuestionó la ética institucional del organismo. Estas afirmaciones corresponden a su interpretación de los hechos y no constituyen una demostración de que haya existido censura o persecución.
El caso presenta, además, dos discusiones que deben analizarse por separado. Una es la validez científica de las investigaciones y la otra es si el procedimiento disciplinario respetó las garantías administrativas correspondientes. Un trabajo puede ser objeto de críticas científicas sin que ello justifique necesariamente una sanción laboral, pero determinar si existió una irregularidad requiere conocer el expediente completo y los fundamentos de la resolución.
Una nueva institución científica y un conflicto abierto
Tras su salida del CONICET, Diblasi anunció que trabaja en la creación de una nueva institución científica en Argentina, con la intención de reunir a profesionales de distintas disciplinas y construir una red federal de investigación independiente.
La iniciativa, según explicó, buscará desarrollar estudios y difundir trabajos que considera insuficientemente atendidos por las instituciones tradicionales y los medios de comunicación. Por el momento, no se conocen detalles definitivos sobre su estructura, financiamiento o funcionamiento.
El conflicto adquiere particular relevancia por tratarse de una profesional formada en Tucumán cuya investigación alcanzó repercusión nacional y motivó cuestionamientos tanto en el ámbito académico como en el debate público.
Más allá de las posiciones enfrentadas, todavía existen aspectos que requieren esclarecimiento, especialmente los fundamentos precisos de la cesantía y el estado de los recursos presentados por la defensa de las investigadoras.
La controversia deja planteada una cuestión central: las instituciones científicas deben garantizar tanto el rigor de las investigaciones como la transparencia de sus procedimientos. La libertad para investigar no exime a los científicos de someter sus resultados a evaluaciones críticas, del mismo modo que una discrepancia académica no debería confundirse automáticamente con una falta disciplinaria. Determinar qué ocurrió efectivamente en este caso exige documentación, evidencia y un análisis que vaya más allá de las declaraciones de las partes.
