El decreto 772/7 firmado por Osvaldo Jaldo para endurecer la respuesta oficial frente a las amenazas de tiroteo en escuelas tucumanas ya abrió un nuevo frente político y educativo. Mientras el Gobierno lo presenta como una medida para garantizar seguridad y ordenar la reacción del Estado ante episodios graves, desde sectores de izquierda y también desde ámbitos docentes comenzaron a denunciar que la norma avanza sobre una lógica de castigo, con más policía, expulsiones y sanciones, pero sin un abordaje profundo sobre el trasfondo social y pedagógico del problema.
Un decreto que amplía sanciones y refuerza la presencia policial
La decisión oficial fue anunciada el 15 de abril, en medio de una ola de amenazas, pintadas y mensajes intimidatorios en distintos establecimientos. El Gobierno provincial dispuso que la Policía intervenga dentro y fuera de las escuelas ante hechos de violencia, desorden o riesgo, y además estableció un esquema de sanciones que alcanza a estudiantes, familias y autoridades educativas.
Entre los puntos más sensibles figuran la posibilidad de expulsar del sistema educativo provincial a alumnos involucrados en hechos graves, la responsabilidad administrativa y judicial de padres o tutores, la advertencia de quitar subsidios a colegios privados si no cumplen con deberes de resguardo y la eventual derivación de menores al instituto Brochero de Benjamín Paz, siempre con intervención judicial previa. A eso se sumó un fuerte operativo preventivo en toda la provincia, con 2.500 efectivos desplegados en escuelas y colegios.
La izquierda y sectores docentes hablan de criminalización
Sobre ese punto se concentraron las críticas más duras. La Izquierda planteó que el decreto no resuelve las causas de fondo de la conflictividad escolar y que, en cambio, instala una respuesta basada en la vigilancia, la amenaza de sanciones y la criminalización de estudiantes y docentes. En la misma línea, el gremio SADOP cuestionó el enfoque “punitivo” de la medida y advirtió que la escuela no puede ser tratada como un espacio de control policial o de encierro, sino como un ámbito donde deben priorizarse la mediación, la prevención y el acompañamiento pedagógico.
La crítica de fondo apunta a que el Gobierno eligió responder a una secuencia de temor real con una demostración de autoridad, pero sin poner en primer plano herramientas de contención emocional, intervención interdisciplinaria o fortalecimiento de equipos de orientación en las escuelas. En otras palabras, los cuestionamientos no desconocen la gravedad de las amenazas, pero sí discuten el tipo de respuesta elegida por la Casa de Gobierno.
Seguridad, límites y una discusión que recién empieza
Desde el oficialismo, la defensa del decreto se apoya en un mensaje de firmeza. Jaldo sostuvo que no se tolerarán este tipo de acciones, las definió como delitos y remarcó que hace falta “poner límites”. En la misma línea, el Ministerio de Educación recordó que ya estaba vigente una guía provincial para el abordaje de situaciones problemáticas complejas y exhortó a directivos, docentes y no docentes a reforzar controles, acompañamiento y diálogo con los alumnos.
Ahí aparece la tensión central que dejó abierta esta discusión. Por un lado, el Gobierno sostiene que la prioridad es llevar tranquilidad a las familias y evitar que las amenazas alteren el ciclo lectivo. Por otro, las voces críticas advierten que la seguridad no puede quedar reducida a patrulleros, expulsiones y castigos. El conflicto, entonces, no pasa sólo por la existencia del decreto, sino por el modelo de escuela que deja entrever: una institución pensada desde la contención y el cuidado, o una atravesada cada vez más por la lógica del disciplinamiento.
