La Legislatura de Tucumán puso en marcha la Comisión Especial de Emergencia Hídrica, un espacio que tendrá la tarea de elaborar un plan integral para prevenir inundaciones en la provincia. La decisión llega en un contexto conocido para miles de tucumanos: cada temporada de lluvias vuelve a exponer barrios anegados, caminos cortados, canales desbordados y familias que miran el cielo con temor.
El objetivo oficial es diseñar un plan director que permita ordenar prioridades, definir obras y coordinar respuestas frente a los fenómenos climáticos. La comisión fue creada por una resolución aprobada por unanimidad y estará integrada por legisladores, funcionarios del Ejecutivo, Defensa Civil, especialistas y representantes universitarios.
La presidencia quedó en manos del legislador Tulio Caponio, mientras que Luis Olea ocupará la vicepresidencia y José Cano será secretario. El trabajo retomará estudios hídricos iniciados en 2023, durante la vicegobernación de Osvaldo Jaldo.
El problema no es sólo el agua
La gran pregunta es si esta vez el plan servirá para algo concreto. Tucumán no parte de cero: existen diagnósticos, antecedentes, mapas de riesgo y zonas históricamente afectadas. El problema, muchas veces, no fue la falta de informes sino la distancia entre los papeles y las obras.
La comisión funcionará con tres subcomisiones: una técnica, vinculada a ingenieros y especialistas en recursos hídricos; otra enfocada en sistemas de alerta temprana; y una tercera destinada a analizar los aspectos sociales, económicos y ambientales del problema.
Ese abordaje puede ser una ventaja si logra mirar la cuestión de manera integral. Porque una inundación no se explica únicamente por la lluvia. También pesan el crecimiento urbano desordenado, la falta de mantenimiento de canales, la ocupación de zonas vulnerables, el deterioro de caminos rurales, la ausencia de planificación municipal y la demora en ejecutar obras estructurales.
Lo que debe cambiar para que no quede en promesa
El plazo inicial de trabajo será de 180 días, aunque ya se anticipó que podría extenderse. Ese dato abre una primera alerta: un plan de largo plazo es necesario, pero la urgencia también exige medidas inmediatas. Las familias que se inundan todos los años no pueden esperar indefinidamente otro diagnóstico.
Para que esta comisión no sea una más, el resultado debería incluir prioridades claras, presupuestos estimados, responsables políticos y técnicos, plazos verificables y mecanismos de seguimiento público. También deberá distinguir entre obras grandes, como defensas, desagües y canalizaciones, y tareas básicas pero decisivas, como limpieza, mantenimiento y control territorial.
La prevención de inundaciones no se mide por la cantidad de reuniones sino por lo que ocurre cuando llega la lluvia. Si después del plan siguen los mismos barrios bajo el agua, la respuesta será evidente. Si, en cambio, el trabajo logra ordenar inversiones, anticipar emergencias y reducir daños, Tucumán habrá dado un paso real.
Esta vez, el desafío no es anunciar que se hará algo. Es demostrar que el Estado puede llegar antes que el agua.
