Los bomberos voluntarios de Tucumán profundizaron sus reclamos ante los gobiernos nacional y provincial por las demoras en la entrega de subsidios y la falta de reglamentación de beneficios establecidos por ley. La crisis ya comenzó a afectar el funcionamiento de los cuarteles, que resolvieron restringir parte de sus servicios como medida de protesta.
Hernán Rodríguez Salazar, presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena y secretario de la Federación 3 de Junio, advirtió que las instituciones necesitan recursos para comprar equipamiento, mantener los móviles y garantizar la continuidad de las intervenciones.
El reclamo no se limita al funcionamiento cotidiano. Los bomberos también exigen que se implementen la cobertura de salud y la pensión prevista para quienes acumulan más de 25 años de servicio. Son beneficios contemplados por la legislación provincial, pero que, según denunciaron, todavía no se aplicaron plenamente.
La situación genera preocupación porque el sistema de bomberos voluntarios interviene en incendios, accidentes viales, rescates y otras emergencias. Sin financiamiento estable, cada salida representa un esfuerzo económico cada vez mayor para instituciones que dependen de subsidios y de la colaboración de la comunidad.
Demoras nacionales y fondos que pierden valor
Rodríguez Salazar señaló que los subsidios nacionales no constituyen una ayuda discrecional, sino que provienen de un fondo establecido por la Ley Nacional N.º 25.054 y deben distribuirse entre las asociaciones, las federaciones provinciales y el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios.
Sin embargo, aseguró que existen pagos pendientes y que las transferencias no llegaron a la totalidad de los cuarteles incluidos en el padrón. Según explicó, hasta julio solamente había cobrado alrededor del 30% de las instituciones del país.
La demora tiene un impacto adicional: mientras los fondos permanecen sin transferirse, la inflación y la devaluación reducen su capacidad de compra. Los cuarteles necesitan adquirir indumentaria, elementos de protección, combustible, repuestos y equipamiento especializado, cuyos precios aumentan constantemente.
Para las instituciones, recibir el dinero varios meses después implica contar con recursos que ya no alcanzan para cubrir las necesidades previstas originalmente. Por ese motivo, los bomberos insisten en que la regularización debe producirse con urgencia.
“El dinero está”, sostuvo el referente de Yerba Buena al cuestionar que los fondos todavía no hayan sido depositados en las cuentas de todas las asociaciones. También reclamó mayor sensibilidad de las autoridades frente a la situación de quienes trabajan voluntariamente ante emergencias que ponen en riesgo vidas y bienes.
Una ley provincial con beneficios todavía pendientes
En el ámbito provincial, el reclamo se concentra en la aplicación integral de la Ley N.º 9.039. La normativa fue sancionada en 2017 y establece una serie de beneficios para el sistema de bomberos voluntarios de Tucumán.
Pese al tiempo transcurrido, desde la Federación 3 de Junio sostienen que algunos de sus puntos centrales siguen sin reglamentarse o implementarse. Entre ellos mencionaron un subsidio provincial que permita sostener los cuarteles y comprar equipamiento.
También continúa pendiente la pensión para los integrantes que superen los 25 años de servicio y la cobertura de obra social para quienes no cuenten con ese beneficio. Los representantes del sector plantearon estas demandas ante el vicegobernador Miguel Acevedo para que interceda ante el Poder Ejecutivo.
El Gobierno provincial ya había manifestado su intención de avanzar con la reglamentación y atender las necesidades de las instituciones. Sin embargo, los bomberos consideran que las expresiones de apoyo deben transformarse en medidas concretas, con partidas presupuestarias y mecanismos permanentes de asistencia.
El reclamo también alcanzó al municipio de Yerba Buena. El cuartel local había solicitado un aporte económico fijo y sostenido, pero la iniciativa no fue incorporada al tratamiento del presupuesto municipal. Desde la institución cuestionaron que un servicio esencial dependa de colaboraciones ocasionales o de promesas sin respaldo normativo.
Restricción de servicios y preocupación por las emergencias
Ante la falta de avances, los cuarteles nucleados en la Federación 3 de Junio comenzaron a restringir los servicios extraordinarios fuera de sus respectivas jurisdicciones. La medida no implica dejar de atender las emergencias dentro de cada localidad, pero limita la colaboración entre instituciones.
Ese trabajo conjunto resulta fundamental cuando se producen incendios de gran magnitud, accidentes múltiples o situaciones que requieren varias dotaciones. En esos casos, un solo cuartel puede no contar con el personal, los vehículos o el equipamiento suficientes para responder.
La restricción busca visibilizar una crisis que, según los bomberos, se arrastra desde hace años. Los voluntarios aclararon que no pretenden abandonar su tarea ni perjudicar a la población, sino advertir que el sistema no puede sostenerse indefinidamente sin recursos previsibles.
En una provincia donde durante determinadas épocas se multiplican los incendios de pastizales y cañaverales, el debilitamiento de la cooperación entre cuarteles representa una señal de alarma. También preocupa la respuesta ante siniestros viales y emergencias urbanas que demandan despliegues complejos.
Los bomberos voluntarios ponen el cuerpo durante las emergencias, pero necesitan que el Estado garantice las condiciones mínimas para trabajar. La discusión por los subsidios no es solamente un conflicto administrativo o presupuestario: de su resolución depende la capacidad de respuesta ante situaciones en las que cada minuto puede resultar decisivo.
