La investigación judicial contra Diego Ovejero continúa sumando denuncias y nuevas líneas de análisis en Tucumán. El expediente, que ya tendría un perjuicio económico superior a los $740 millones, genera preocupación entre empresarios vinculados con la actividad azucarera y referentes del ámbito financiero provincial.
Los investigadores buscan determinar si la supuesta compraventa de azúcar habría sido utilizada como una pantalla para captar fondos, generar confianza entre las víctimas y desplegar diferentes mecanismos para postergar o evitar el pago de las obligaciones asumidas.
Ovejero se presentaba como un abogado que había dejado el ejercicio profesional para dedicarse a los negocios azucareros. Según empresarios del sector, su nombre era conocido y su vínculo familiar con un importante industrial habría facilitado sus contactos comerciales. Sin embargo, la Justicia intenta establecer cuál era su verdadera participación dentro de la actividad.
Cheques rechazados y documentos presuntamente falsificados
Uno de los puntos centrales del expediente está relacionado con la emisión de cheques para devolver el dinero reclamado por los denunciantes.
De acuerdo con la información incorporada a la causa, Ovejero habría utilizado la firma Food Trading Dos SAS para librar cheques por más de $153 millones. La mayoría de esos documentos —o posiblemente la totalidad— habría sido rechazada por falta de fondos.
La investigación también analiza cheques confeccionados bajo el nombre de Bellamar Estancias SA. En este caso, los damnificados sostienen que no se trataba simplemente de valores sin respaldo económico, sino de documentos presuntamente apócrifos.
Federico Helguera, uno de los denunciantes, aseguró que esa situación ya había sido informada ante la Justicia. Además, en los testimonios incorporados al expediente aparecen operaciones y documentación vinculadas con las firmas El Marqués SAS y Miyagi SA.
Los investigadores deberán determinar si esas empresas tuvieron alguna participación en las maniobras denunciadas o si sus nombres y documentos fueron utilizados sin autorización.
Formularios 08 entregados a distintos acreedores
Las denuncias no se limitan a las operaciones vinculadas con el azúcar o a la emisión de cheques. Los damnificados también describieron supuestos mecanismos utilizados para cancelar las deudas acumuladas.
Una de las maniobras bajo investigación consiste en la entrega de formularios 08 correspondientes a un mismo vehículo a diferentes personas. De acuerdo con las presentaciones judiciales, varios acreedores habrían recibido documentación sobre un automóvil como garantía o forma de pago, sin saber que el mismo rodado ya había sido ofrecido a otros damnificados.
Esta modalidad, conocida como utilización de formularios “mellizos”, habría generado nuevos conflictos cuando las víctimas intentaron avanzar con la transferencia o reclamar la propiedad de los vehículos.
La Justicia deberá reconstruir cada una de esas operaciones, verificar la autenticidad de la documentación y establecer cuántas personas recibieron formularios vinculados con los mismos bienes.
Compras con tarjetas que luego eran desconocidas
Otro mecanismo denunciado estaría relacionado con la utilización de tarjetas de crédito pertenecientes a allegados.
Según los testimonios, Ovejero habría propuesto a algunos acreedores reducir sus deudas mediante la compra de mercadería. Para concretar las operaciones se utilizaban tarjetas de terceros y, aparentemente, la mercadería era entregada con normalidad.
Sin embargo, después de realizada la compra, el titular de la tarjeta se comunicaba con la entidad emisora para desconocer el consumo. La operación era anulada y el comerciante terminaba sin recibir el pago por los productos entregados.
Esta situación habría perjudicado tanto a los acreedores que aceptaban la propuesta como a los comercios involucrados, que quedaban expuestos a la pérdida de la mercadería.
Mientras continúan apareciendo damnificados, la causa genera inquietud dentro del sector azucarero tucumano. Productores y empresarios reconocieron que el caso podría obligarlos a reforzar los controles antes de concretar negocios, especialmente cuando se utilizan vínculos personales o referencias familiares para respaldar operaciones de alto valor.
Por el momento, las maniobras descriptas forman parte de una investigación y deberán ser acreditadas judicialmente. Será la Justicia la que determine las responsabilidades de las personas involucradas y el alcance económico definitivo del expediente.
