La causa que investiga la muerte de Francisco Molina, ocurrida después de que fuera atendido en el Hospital Centro de Salud, podría tener un giro decisivo. Uno de los cinco médicos imputados solicitó acceder a una suspensión del juicio a prueba, un mecanismo que le permitiría evitar el debate oral si cuenta con el consentimiento de la Fiscalía y la aprobación judicial.
Molina tenía 57 años y había sido derivado de urgencia desde el Hospital Avellaneda el 7 de febrero de 2025. Según consta en la investigación, debía ser sometido a una intervención quirúrgica, pero la operación no se realizó. El paciente recibió el alta y falleció cuatro días después.
Una junta médica cuestionó la atención recibida
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I y busca determinar las responsabilidades de los profesionales que intervinieron en la atención del paciente.
Una junta médica concluyó que no se habrían cumplido los protocolos correspondientes para tratar el cuadro de abdomen agudo quirúrgico y la probable hernia umbilical estrangulada que presentaba Molina.
El informe incorporado al expediente sostuvo que el procedimiento médico no habría sido acorde con la gravedad de la patología. También señaló que la falta de una intervención oportuna habría contribuido al fallecimiento y que la administración de analgésicos pudo haber enmascarado la evolución del cuadro.
Por el caso fueron imputados cinco profesionales. No obstante, la situación de uno de ellos podría resolverse sin llegar a juicio, luego de que presentara una propuesta de suspensión del proceso a prueba.
La declaración sobre el funcionamiento del tomógrafo
El médico Jorge Gustavo Salomón declaró que recibió al paciente cuando fue derivado desde el Hospital Avellaneda. Según su versión, no ordenó la cirugía porque las imágenes de la tomografía realizada previamente todavía no habían sido incorporadas al sistema.
El profesional afirmó que no pidió un nuevo estudio debido a que el tomógrafo del Centro de Salud no funcionaba. También reconoció que existía la posibilidad de trasladar al paciente a otro hospital, aunque sostuvo que el procedimiento demandaría tiempo y que su turno estaba próximo a finalizar.
La Justicia pidió información sobre el estado del equipo. Las autoridades del hospital comunicaron que el tomógrafo se encuentra fuera de servicio desde marzo de 2026 y que había registrado fallas desde finales de 2024.
Sin embargo, la documentación técnica indicó que el aparato había sido declarado operativo semanas antes de la atención de Molina y que volvió a presentar una avería después de su fallecimiento. Desde el área de Bioingeniería señalaron que durante febrero de 2025 existieron fallas intermitentes.
La familia reclama que el caso llegue a juicio
Andrés Molina, hijo del paciente fallecido, manifestó su rechazo a la posibilidad de que el imputado acceda a una probation. Aseguró que su familia no busca una compensación económica, sino que se determinen las responsabilidades por la muerte de su padre.
La querella considera que aceptar la suspensión del juicio a prueba podría habilitar pedidos similares por parte de los otros médicos involucrados. Su abogado, Juan Pablo Bello, expresó que esperan que la Fiscalía no preste conformidad al acuerdo.
Una audiencia en la que debía analizarse el planteo fue suspendida antes del comienzo de la feria judicial. La discusión podría reanudarse desde el 27 de julio, cuando se retome la actividad en los tribunales tucumanos.
Hasta que exista una resolución firme, los profesionales involucrados conservan su estado de inocencia. La Justicia deberá determinar si corresponde conceder el beneficio solicitado o si la investigación avanza hacia un juicio oral.
