La Cámara Tucumana de la Construcción cuestionó la recomendación de la Sociedad Aguas del Tucumán de no autorizar nuevos edificios en sectores de San Miguel de Tucumán hasta que se ejecuten mejoras en las redes de agua y cloacas.
El presidente de la entidad, Jorge Garber, sostuvo que paralizar la actividad significaría avanzar “en contra del progreso” y advirtió sobre el impacto económico, laboral y habitacional que podría generar una medida de esas características.
La SAT advirtió por las limitaciones de la infraestructura
La controversia surgió durante el debate por la reforma del Código de Planeamiento Urbano de la capital. En una audiencia realizada en el Concejo Deliberante, representantes de la SAT plantearon que las actuales instalaciones sanitarias podrían no soportar el crecimiento de las construcciones en altura.
La empresa estatal estimó que serían necesarias inversiones superiores a los $15.000 millones para mejorar los sistemas de provisión de agua y de desagües cloacales.
Entre las obras mencionadas se encuentran una nueva red distribuidora de 400 milímetros sobre la avenida Mate de Luna, con una extensión cercana a los 3.000 metros, además de nuevos pozos, perforaciones, redes de agua y colectores cloacales.
Desde la SAT señalaron que estas intervenciones resultan indispensables para habilitar el desarrollo de grandes edificios en algunas zonas de San Miguel de Tucumán.
Garber pidió no detener el crecimiento de la ciudad
El titular de la Cámara Tucumana de la Construcción reconoció que existen dificultades vinculadas con la infraestructura, pero rechazó que la solución sea impedir nuevas edificaciones.
Garber aseguró que la construcción representa una de las principales fuentes de empleo y que moviliza a más de 70 actividades relacionadas de manera directa. También remarcó que una paralización podría profundizar el déficit habitacional y desalentar la llegada de inversiones privadas a la provincia.
Según explicó, las empresas podrían optar por desarrollar sus proyectos en otras jurisdicciones en caso de que no obtengan las autorizaciones necesarias para construir en Tucumán.
El empresario consideró que las autoridades, la SAT y el sector privado deben buscar alternativas para ampliar la infraestructura sin frenar el crecimiento urbano.
El reclamo por el canon que pagan las constructoras
Garber también puso el foco en el canon de infraestructura que las empresas deben abonar a la SAT para obtener la factibilidad de sus proyectos.
Indicó que el pago se exige para las construcciones superiores a los 200 metros cuadrados y que su valor ronda los $14.000 por cada metro cuadrado. De acuerdo con sus cálculos, una obra de 1.000 metros cuadrados puede pagar alrededor de $14 millones, mientras que un edificio de 10.000 metros cuadrados puede aportar unos $140 millones.
El presidente de la cámara sostuvo que esos recursos deberían destinarse precisamente a realizar las mejoras necesarias en las redes de agua y cloacas.
En ese sentido, cuestionó que una empresa pague el canon, los derechos municipales y las restantes obligaciones correspondientes y, aun así, no pueda avanzar con la construcción.
El debate deja planteado uno de los principales desafíos urbanos de la capital tucumana: cómo acompañar el crecimiento edilicio con obras de infraestructura suficientes, sin provocar la paralización de una actividad clave para la economía provincial.
