Tucumán volvió a quedar mal parada en un ranking nacional de transparencia. La provincia obtuvo apenas 0,95 puntos sobre 10 en el Índice de Transparencia de las Cuentas Públicas Subnacionales 2025 y se ubicó en el penúltimo lugar entre las jurisdicciones relevadas, sólo por encima de Corrientes, que no sumó puntos.
El dato surge del informe elaborado por el Foro Regional Rosario junto con la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario y otras instituciones académicas. El trabajo midió la calidad, accesibilidad, actualización y nivel de detalle de la información fiscal que las provincias y municipios publican en sus sitios oficiales.
El resultado abre un interrogante político directo para la gestión de Osvaldo Jaldo: mientras el Gobierno provincial sostiene un discurso de orden administrativo y fortalecimiento institucional, Tucumán aparece entre los distritos con mayores dificultades para mostrar cómo se aprueba, cómo se ejecuta y cómo se controla el uso de los fondos públicos.
Un ranking que deja a Tucumán casi en el fondo
El informe evaluó a 10 provincias y 8 municipios. En el lote provincial, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezaron la medición con 8,6 puntos, seguidas por Entre Ríos, con 8,5, y Salta, con 7,6. Más atrás quedaron Santa Fe, con 4,7; Buenos Aires, con 3,6; Misiones, con 3,38; Mendoza, con 2,7; Tucumán, con 0,95; y Corrientes, con 0.
La distancia entre Tucumán y las jurisdicciones mejor posicionadas es contundente. No se trata sólo de una diferencia numérica, sino de una brecha en la capacidad del Estado para poner a disposición información básica sobre ingresos, gastos y ejecución presupuestaria.
El promedio provincial se ubicó en torno a los 4,93 puntos, lo que deja a Tucumán casi cuatro puntos por debajo de la media. En términos prácticos, significa que cualquier ciudadano, periodista, legislador u organización que quiera seguir el destino de los fondos públicos encuentra en la provincia muchas más barreras que en otros distritos.
Qué mide el índice y dónde está la falla
El Índice de Transparencia de las Cuentas Públicas Subnacionales no evalúa la respuesta a pedidos de informes ni trámites administrativos particulares. Mide transparencia activa: es decir, la información que el Estado publica de manera abierta, libre y accesible en sus portales oficiales.
El indicador se divide en cuatro ejes. La ejecución del gasto es el componente de mayor peso, con 4 puntos sobre 10. Le siguen el presupuesto aprobado, con 2,5 puntos; la ejecución de recursos, con 2 puntos; y los aspectos generales de accesibilidad y presentación, con 1,5 puntos.
Ese esquema permite observar no sólo si una provincia publica su presupuesto, sino también si informa con claridad cuánto recauda, en qué gasta, cómo evoluciona la ejecución y si esos datos están disponibles de manera ordenada y comprensible.
En el caso de Tucumán, el bajo puntaje revela falencias en áreas centrales: escasa publicación de datos presupuestarios, dificultades para acceder a la ejecución de gastos y recursos, y poca claridad en la presentación de la información. La provincia no sólo queda lejos de CABA, Córdoba o Entre Ríos, sino incluso por debajo de distritos que tampoco superaron la mitad de la escala.
La ley de acceso a la información, otra deuda pendiente
El informe también incluyó una encuesta a 90 actores estratégicos, entre periodistas, académicos, legisladores, profesionales y representantes de organizaciones sociales. Los resultados muestran que el problema no es la falta de interés social, sino la dificultad para encontrar datos útiles.
Ocho de cada diez consultados dijeron que no encontraron, o sólo encontraron parcialmente, la información presupuestaria que necesitaban. Además, cinco de cada diez afirmaron que desistieron de analizar presupuestos por las dificultades de acceso. Apenas el 9% manifestó desinterés en la temática, mientras que el 81% consideró muy importante la publicación de la ejecución presupuestaria.
Ese diagnóstico golpea de lleno a Tucumán, una provincia que todavía no cuenta con una ley de acceso a la información pública plenamente sancionada. El propio Jaldo reconoció días atrás que se trata de una materia pendiente y sostuvo que el tema deberá ser consensuado en la Legislatura.
La comparación con Entre Ríos muestra que las mejoras pueden producirse en poco tiempo cuando existe decisión política. Esa provincia pasó de 6,03 a 8,5 puntos en un año, un salto del 41%, y hoy aparece entre las mejor ubicadas del país. El caso sirve como contraste para Tucumán, donde el discurso de transparencia todavía no se traduce en una política sostenida de apertura de datos.
El trasfondo es institucional, pero también político. Sin información clara sobre el presupuesto, el control ciudadano se debilita, la oposición legislativa queda limitada y el debate público se apoya más en declaraciones que en datos verificables. En ese escenario, el bajo puntaje de Tucumán no es apenas una mala nota técnica: es una advertencia sobre la calidad del control democrático en la provincia.
