Javier “Chuky” Casanova quedó durante años bajo la lupa de investigadores y autoridades tucumanas, que llegaron a señalarlo como uno de los nombres de mayor crecimiento dentro del mundo del narcotráfico provincial. Sin embargo, el recorrido judicial podría terminar con una condena considerablemente menor a la dimensión que tuvieron las sospechas iniciales: tres años de prisión efectiva por la tenencia simple de 34 gramos de cocaína.
El desenlace surge de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la defensa del acusado y la Fiscalía Federal. El entendimiento todavía deberá ser homologado por un juez, pero ya cuenta con el consentimiento del fiscal Rafael Vehils Ruiz.
La diferencia entre las hipótesis que rodearon a Casanova y el delito que finalmente pudo sostenerse con pruebas deja una sensación inevitable: después de investigaciones por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas a la venta de drogas, referencias a cargamentos de marihuana y sospechas sobre el origen de su patrimonio, el expediente podría cerrarse únicamente por la droga encontrada durante un allanamiento.
De supuesto distribuidor a una causa por tenencia simple
El nombre de Casanova tomó fuerza en las crónicas policiales por sus enfrentamientos con Santiago “Cara i’ Gota” y por las disputas territoriales en barrio Oeste II. Con el paso del tiempo, los investigadores comenzaron a vincular esos episodios con posibles enfrentamientos entre grupos relacionados con el negocio de los estupefacientes.
Su situación judicial se complicó especialmente después de un operativo realizado el 25 de septiembre de 2025. En su vivienda fueron secuestradas 28 dosis de cocaína y una piedra de ocho gramos de la misma sustancia, además de una pistola y varios vehículos.
El fiscal de Narcomenudeo José Sanjuán llegó a procesarlo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Posteriormente, remitió el expediente a la Justicia Federal ante la sospecha de que Casanova podía estar relacionado con una estructura dedicada a la distribución de drogas a mayor escala.
Incluso apareció mencionado en la investigación por un cargamento de 56 kilos de marihuana secuestrado en Trancas. En el camión donde fue encontrada la droga había anotaciones manuscritas que hacían referencia a “Barrio Oeste 2-Chuky Casanova”, acompañadas por un número telefónico.
A esos elementos se sumaron denuncias anónimas que lo señalaban como proveedor de organizaciones dedicadas al narcomenudeo.
Pero ninguna de esas líneas terminó alcanzando el nivel probatorio necesario.
Las sospechas que no pudieron transformarse en pruebas
Cuando la investigación quedó en manos de la Justicia Federal, se profundizaron las averiguaciones sobre los presuntos vínculos de Casanova con el tráfico de drogas a gran escala.
El resultado fue muy distinto al escenario que inicialmente se había planteado.
Los investigadores no lograron acreditar una participación funcional, logística u operativa de Casanova en el cargamento de 56 kilos de marihuana ni en otras organizaciones dedicadas a la distribución de estupefacientes.
Tampoco se encontraron elementos considerados habituales para sostener una acusación por comercialización: no se comprobaron operaciones de venta, no aparecieron balanzas de precisión, registros de compradores ni importantes cantidades de dinero vinculadas directamente a esas operaciones.
La Fiscalía terminó concluyendo que las pruebas disponibles no alcanzaban para mantener la calificación de tenencia con fines de comercialización.
Así, una investigación que había colocado a Casanova bajo sospecha de ocupar un lugar relevante dentro del narcotráfico tucumano quedó reducida al delito de tenencia simple por los 34 gramos de cocaína encontrados durante el allanamiento.
También habían surgido interrogantes sobre su patrimonio. Casanova manifestó dedicarse a la compra y venta de chatarra, mientras que los investigadores detectaron vehículos y otros bienes cuyo origen económico despertó sospechas. Entre ellos aparecía una embarcación valuada en más de U$S50.000.
Sin embargo, tampoco se informó sobre avances concretos de una eventual causa por lavado de activos.
Tres años de cárcel para cerrar un expediente mucho más grande
Con la acusación reducida, la defensa de Casanova propuso cerrar el expediente mediante un juicio abreviado.
El acuerdo establece que el acusado reconozca la tenencia de los 34 gramos de cocaína y reciba una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
También aceptaría el decomiso de una camioneta, dos motocicletas, un automóvil y un teléfono iPhone que habían sido secuestrados durante la investigación. Además, deberá donar $2 millones al Hospital de Niños como medida reparatoria.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz prestó conformidad al acuerdo y ahora será un juez quien deberá resolver si lo homologa.
Si eso ocurre, Casanova tendrá su primera condena.
Será, sin embargo, una sentencia muy distante de las sospechas que rodearon su nombre durante buena parte de la investigación. El hombre que fue presentado como posible integrante relevante de una estructura de narcotráfico terminaría condenado únicamente por tener 34 gramos de cocaína.
Una causa que comenzó mirando hacia cargamentos, organizaciones criminales, enfrentamientos territoriales y posibles maniobras de lavado podría terminar cerrándose con tres años de prisión por tenencia simple.
Y allí aparece el sabor a poco: no porque la Justicia deba condenar sobre sospechas, sino precisamente porque la magnitud de las sospechas acumuladas durante meses contrasta con la escasa evidencia que finalmente pudo sostenerse en un expediente judicial.
