El asesinato de un preso dentro de la Comisaría VI de San Miguel de Tucumán volvió a colocar bajo la lupa un problema que la Provincia lleva años intentando resolver: las dependencias policiales continúan funcionando como lugares de alojamiento para personas privadas de la libertad.
El hecho ocurrió este jueves en la seccional ubicada en España al 1.700, en barrio El Bosque. Según las primeras averiguaciones judiciales, Juan Andrés López fue atacado durante una pelea con otro detenido y sufrió una herida de arma blanca. Fue trasladado al Hospital Avellaneda, pero llegó sin vida.
La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios I y el lugar tuvo que ser resguardado para permitir el trabajo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales.
Más allá de las responsabilidades penales que deberán determinarse, el episodio vuelve a plantear una pregunta que sigue vigente: ¿por qué, después de sucesivas inauguraciones, ampliaciones y traslados al complejo penitenciario de Benjamín Paz, las comisarías tucumanas continúan alojando presos?
Traslados, anuncios y comisarías que vuelven a llenarse
La descompresión de las dependencias policiales fue presentada como uno de los objetivos centrales de la ampliación del sistema penitenciario tucumano.
La explicación oficial fue repetida en numerosas oportunidades: sacar a los detenidos de las comisarías permitiría alojarlos en establecimientos preparados para esa función y, al mismo tiempo, liberar policías que actualmente deben destinar horas de servicio a la custodia de presos.
Sin embargo, los propios partes oficiales muestran que durante todo 2026 fue necesario continuar trasladando grupos de detenidos desde distintas seccionales hacia Benjamín Paz.
En febrero fueron trasladados 20 condenados. En marzo hubo otro operativo con 17 personas. Luego continuaron procedimientos durante abril, mayo, junio, julio y agosto.
Todavía el 27 de agosto, apenas tres semanas antes del crimen ocurrido en la Comisaría VI, el Gobierno informaba el traslado de otros 12 detenidos desde la Seccional Décima hacia Benjamín Paz con el objetivo declarado de “descomprimir las dependencias policiales”.
La continuidad de esos operativos confirma que el problema no desapareció.
El caso ocurrido ahora en barrio El Bosque lo hace todavía más evidente: había detenidos alojados en una comisaría, se produjo una pelea, murió uno de ellos y fue necesario convocar además a la Guardia de Infantería para trasladar al resto de los presos y preservar la escena.
Es exactamente el tipo de situación que la ampliación del sistema penitenciario debía ayudar a evitar.
Casi la mitad estaba en comisarías y la presión continúa
Las últimas cifras nacionales disponibles permiten dimensionar hasta dónde había llegado el problema.
Según un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, con datos correspondientes a diciembre de 2024, Tucumán tenía entonces 3.431 personas privadas de la libertad y 1.689 de ellas se encontraban alojadas en comisarías.
Representaban el 49,2% del total.
Ese porcentaje ubicaba a Tucumán como la segunda jurisdicción del país con mayor proporción de presos en dependencias policiales. El tiempo promedio de permanencia alcanzaba, además, los 448 días.
Es importante aclarar que esas cifras corresponden a 2024 y que desde entonces se incorporaron nuevas plazas penitenciarias. No describen, por lo tanto, la cantidad exacta de detenidos que actualmente permanecen en las seccionales.
Pero los acontecimientos de 2026 muestran que el fenómeno continúa.
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura ya había advertido que trasladar presos no necesariamente significa solucionar definitivamente el hacinamiento porque los lugares liberados vuelven a ocuparse.
Fernando Korstanje, integrante del organismo, explicó recientemente que existe además un problema de flujo: según sus cálculos, ingresan al sistema muchas más personas condenadas de las que recuperan diariamente la libertad.
La infraestructura nueva puede entonces generar plazas, pero la demanda de lugares continúa creciendo.
Y mientras ese equilibrio no se alcance, las comisarías siguen absorbiendo una parte del problema.
Benjamín Paz funciona, pero todavía tiene etapas pendientes
El Complejo Penitenciario de Benjamín Paz ya está operativo y recibe detenidos. Sería incorrecto sostener que la cárcel no funciona.
También se ampliaron considerablemente sus instalaciones.
En septiembre de 2025 se habilitó una segunda etapa con cuatro pabellones adicionales y unas 800 nuevas plazas, llevando la capacidad total informada oficialmente a alrededor de 1.600 internos.
Pero tampoco puede afirmarse que el proyecto integral esté completamente terminado.
La propia información institucional del Servicio Penitenciario señala que el diseño original contempla cinco fases y que todavía quedan unidades de alojamiento por desarrollar, además de un módulo de régimen abierto destinado a hombres y mujeres.
Durante junio de este año, incluso, se anunció la habilitación de otro sector dentro del establecimiento para poder recibir nuevos grupos de internos.
Así, Benjamín Paz avanza y funciona, pero continúa creciendo por etapas mientras las comisarías siguen cargando con detenidos.
El homicidio registrado en la Seccional VI vuelve a mostrar la distancia que todavía existe entre el objetivo anunciado y la situación cotidiana.
No se trata solamente de infraestructura penitenciaria. Cada preso alojado en una comisaría requiere custodia, ocupa instalaciones que no fueron concebidas como cárceles permanentes y obliga a destinar recursos policiales a una función diferente de la prevención en las calles.
La Provincia viene trasladando detenidos de manera periódica y sumó nuevas plazas. Sin embargo, los hechos muestran que la descompresión todavía no está resuelta.
Benjamín Paz lleva distintas etapas habilitadas y otras pendientes. Mientras tanto, en pleno San Miguel de Tucumán, una comisaría volvió a convertirse en escenario de un crimen entre presos.
