La pelea política entre el intendente Alejandro Molinuevo y la mayoría peronista del Concejo Deliberante de Concepción sumó un nuevo capítulo, esta vez alrededor de un tema sensible: cuánto cuesta mantener la estructura política del cuerpo legislativo.
El Ejecutivo municipal analiza vetar la incorporación de 16 personas a la planta permanente del Concejo y cuestiona, además, una modificación en el esquema de financiamiento que, según funcionarios municipales, podría llevar los gastos de funcionamiento de unos $35 millones a cerca de $70 millones mensuales.
La controversia no se limita a los nuevos nombramientos. El concejal Agustín Isa, aliado de la gestión de Molinuevo, asegura que el presupuesto del Concejo para 2026 habría aumentado alrededor de un 92% respecto del ejercicio anterior y que el cuerpo dispondría de aproximadamente $1.200 millones adicionales.
Desde el sector peronista rechazaron parte de los cuestionamientos y defendieron el procedimiento utilizado para cubrir las vacantes, por lo que las acusaciones sobre eventuales irregularidades administrativas permanecen controvertidas.
De 62 empleados a una planta que podría llegar a 90
Uno de los ejes de la discusión es el crecimiento de la estructura de personal del Concejo Deliberante.
Según la reconstrucción realizada por Isa, cuando comenzó la actual gestión municipal, en 2023, el cuerpo funcionaba con 62 empleados de planta permanente. Posteriormente esa cifra se habría elevado a 74 y, con las últimas 16 incorporaciones, podría llegar a 90.
El planteo del concejal es que el crecimiento de la planta viene acompañado por una expansión considerable del presupuesto destinado al Legislativo municipal.
Isa sostuvo que el presupuesto previsto para el Concejo durante 2026 ronda los $2.577 millones y afirmó que representa un incremento cercano al 92% en comparación con el año anterior.
Los cuestionamientos sobre las cuentas del cuerpo ya habían aparecido meses atrás, cuando el mismo edil denunció que una parte sustancial de la suba presupuestaria se vinculaba con gastos de personal.
Desde el Ejecutivo, el secretario de Gobierno, Fernando Molina, confirmó que se analiza vetar las 16 incorporaciones. El funcionario sostuvo que el municipio no estaría en condiciones de asumirlas bajo las actuales circunstancias económicas.
De $35 millones a $70 millones mensuales: la otra pelea por los fondos
Para el Gobierno municipal, el problema va más allá de los nombramientos.
Molina advirtió que una modificación en discusión dentro del Concejo podría prácticamente duplicar los recursos mensuales destinados a gastos de funcionamiento: pasarían, según su estimación, de aproximadamente $35 millones a unos $70 millones.
El funcionario también aseguró que el Departamento Ejecutivo solicitó en junio y nuevamente en agosto información sobre la ejecución presupuestaria de esos recursos, pero afirmó que no obtuvo respuesta.
Ese punto se convirtió en otro frente del conflicto.
Desde la Municipalidad sostienen que la autonomía financiera y política del Concejo no debería impedir que exista información sobre el destino de los fondos públicos. El reclamo adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de incrementar nuevamente las partidas destinadas al funcionamiento del cuerpo.
Molina comparó además esos valores con los existentes al comienzo de la actual administración. Según indicó, en 2023 los gastos de funcionamiento rondaban los $1,2 millones mensuales, mientras que actualmente se ubicarían cerca de los $35 millones.
La comparación nominal debe observarse teniendo en cuenta la fuerte inflación acumulada desde 2023. Aun así, el planteo del Ejecutivo apunta especialmente a la posibilidad de un nuevo salto de $35 millones a $70 millones en un período mucho más corto.
El municipio también introdujo otro elemento en la discusión: la construcción del nuevo edificio del Concejo Deliberante. Según Molina, todavía serían necesarios alrededor de $250 millones para terminar la obra y un aumento de los gastos corrientes podría reducir los recursos disponibles para completarla.
El peronismo defiende los nombramientos y crece la pelea política
La controversia también tiene una discusión administrativa.
Isa sostuvo que los 16 puestos no habrían quedado correctamente incorporados al Presupuesto General 2026 aprobado por el municipio y planteó que, antes de concretar las designaciones, debía realizarse una modificación presupuestaria.
Además cuestionó el mecanismo utilizado para las incorporaciones y afirmó que los decretos de Presidencia no fueron sometidos a votación del pleno.
Desde la mayoría peronista rechazaron esa interpretación.
El concejal Federico Funez, presidente de la Comisión de Legislación y Peticiones, defendió el procedimiento y aseguró que la cobertura de las vacantes se encuentra dentro de las facultades de la Presidencia del Concejo. Según su postura, los decretos cuestionados no necesitaban ser sometidos a votación de los concejales.
La disputa administrativa se superpone así con una pelea política cada vez más abierta.
Molinuevo mantiene un acercamiento con La Libertad Avanza, mientras que la conducción y la mayoría del Concejo están integradas por dirigentes vinculados al oficialismo provincial que encabeza Osvaldo Jaldo.
La discusión por los 16 empleados expuso ahora un conflicto mayor: quién controla el crecimiento del gasto del Concejo y qué información debe brindar el cuerpo sobre el destino de sus recursos.
Mientras el Ejecutivo evalúa avanzar con el veto y la mayoría legislativa defiende sus atribuciones, las cifras colocadas sobre la mesa muestran la dimensión económica de la disputa: una planta que, según la oposición interna, podría llegar a 90 empleados, un presupuesto que rondaría los $2.577 millones y gastos mensuales de funcionamiento que, de acuerdo con el municipio, podrían acercarse a los $70 millones.
Más allá de la pelea entre los distintos espacios, será la documentación presupuestaria y administrativa la que permita determinar hasta dónde llegan las facultades del Concejo, cómo se financiarán las incorporaciones y cuál será finalmente el costo de la estructura legislativa para los contribuyentes de Concepción.
