La crisis política que envuelve a la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, sumó un nuevo capítulo en Yerba Buena. Concejales del radicalismo impulsan un proyecto para declararla “persona no grata” en la ciudad, a raíz de la denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en la Justicia tucumana.
La iniciativa apunta directamente al escándalo generado por la compra de una lujosa vivienda en el country Las Yungas, ubicada dentro de la jurisdicción de Yerba Buena. La propiedad, valuada en más de un millón de dólares, quedó bajo la lupa judicial luego de que se pusiera en duda la capacidad patrimonial de la jefa municipal para concretar esa operación inmobiliaria.
El Concejo toma distancia del escándalo
El proyecto fue presentado por los concejales Javier Jantus, Franco Marigliano, Dante Mauricio Argiró y Agustina Simón Padros, integrantes del bloque Hipólito Yrigoyen de Cambia Tucumán. La propuesta ya tomó estado parlamentario y fue girada a la comisión de Peticiones, Poderes y Legislación General.
El planteo sostiene que los hechos denunciados generaron una fuerte conmoción institucional y social, especialmente porque el inmueble investigado se encuentra en Yerba Buena. Por eso, los ediles buscan que el Concejo Deliberante exprese una postura política frente a un caso que afecta la confianza ciudadana en la función pública.
Una declaración política, sin efectos judiciales
La iniciativa aclara que la declaración de “persona no grata” no implica prejuzgamiento sobre la responsabilidad penal de Graneros. Esa definición, remarcan los autores del proyecto, corresponde exclusivamente a la Justicia.
Sin embargo, los concejales consideran que el cuerpo deliberativo tiene facultades para fijar una posición institucional ante situaciones que comprometen la transparencia en el ejercicio de cargos públicos. En ese sentido, el proyecto busca marcar un límite político frente a la sospecha sobre el origen de bienes incorporados al patrimonio de una funcionaria.
El caso Graneros sigue escalando
La situación de Raquel Graneros se volvió cada vez más delicada en los últimos días. La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito ya había generado repercusión provincial y nacional, y ahora el intento de repudio desde Yerba Buena profundiza el costo político para la intendenta peronista.
De aprobarse, la declaración tendrá un alcance simbólico e institucional, pero no modificará el curso de la investigación penal. Aun así, el avance del proyecto expone que el caso dejó de ser un conflicto limitado a Graneros y empezó a impactar en otros espacios políticos e institucionales de la provincia.
