La gestión de Rossana Chahla quedó en el centro de la polémica en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, luego de que la concejal Ana González defendiera la denuncia penal presentada contra cinco funcionarios municipales por presuntas contrataciones irregulares por $2.700 millones.
La edil del Partido por la Justicia Social sostuvo que decidió recurrir directamente al Ministerio Público Fiscal porque, según afirmó, en el cuerpo parlamentario “no hay eco” para tratar acusaciones de semejante gravedad. Sus palabras encendieron la reacción del oficialismo, que cerró filas en defensa del gabinete municipal y cuestionó el trasfondo político de la presentación.
Reclamos por transparencia y control institucional
La denuncia volvió a poner bajo discusión los mecanismos de control sobre las contrataciones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal. González y Carlos Ale, ambos del PJS, remarcaron que la presentación judicial busca determinar si los funcionarios involucrados actuaron dentro de la legalidad y si reúnen condiciones éticas para ocupar cargos públicos.
Ale negó que se trate de una maniobra para judicializar la política. “Acá estamos haciendo una observación de la gestión municipal”, sostuvo, al plantear que la Justicia deberá revisar las pruebas aportadas y establecer si hubo irregularidades.
Desde la oposición también se reclamó mayor seriedad institucional. El radical Federico Romano Norri advirtió que este tipo de denuncias daña la confianza pública y pidió “transparencia y seriedad” frente a las sospechas que alcanzan al municipio.
El oficialismo defendió a Chahla y cuestionó a la denunciante
El peronismo capitalino salió al cruce de González y respaldó a la administración de Chahla. Emiliano Vargas Aignasse calificó la denuncia como “inentendible y contradictoria” y recordó que los concejales del PJS habían votado a favor de la emergencia ambiental, herramienta que habilita contrataciones directas para cuestiones sanitarias.
El edil oficialista también vinculó la presentación con el ex intendente Germán Alfaro y la definió como un “show mediático”. En ese marco, lanzó una dura acusación política al sostener que detrás de la denuncia había “un canalla que utiliza a una mujer”.
González respondió de inmediato y rechazó esa lectura. “No hay que subestimar a las mujeres”, dijo. Además, reivindicó la autoría de la denuncia: “A la denuncia la hace Ana González; yo me hago cargo de lo que digo, de lo que hago y no tengo por qué darle explicaciones a nadie”.
La falta de respuestas políticas agravó la tensión
Uno de los puntos más fuertes del debate fue la crítica de González al funcionamiento del Concejo como ámbito de control. La concejal afirmó que no recurrió primero al cuerpo legislativo porque, según su mirada, allí no se resuelven planteos de este nivel institucional.
Sus dichos provocaron el enojo del bloque oficialista. Ernesto Nagle consideró que se trató de una “falta de respeto” hacia el Concejo y pidió que la edil se retractara. Facundo Vargas Aignasse, por su parte, sostuvo que antes de ir a la Justicia deberían haberse agotado las vías administrativas.
Sin embargo, la discusión dejó expuesto un problema político de fondo: la oposición reclama explicaciones sobre el manejo de fondos y contrataciones, mientras el oficialismo responde con cuestionamientos a la intencionalidad de la denuncia. En ese cruce, la gestión de Chahla quedó obligada a demostrar con documentación y respuestas concretas que las contrataciones bajo sospecha se hicieron en regla.
