La Legislatura ratificó por amplia mayoría el Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el cual el gobernador Osvaldo Jaldo designó a la abogada Ingrid Lausberg como subinterventora administrativa financiera del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán. La votación, sin embargo, abrió un fuerte cruce político en el recinto por la continuidad de la intervención del organismo y por el uso de DNU para cubrir cargos.
La sesión fue presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo y tuvo una extensa agenda parlamentaria. Entre los temas tratados, uno de los más debatidos fue el nombramiento de Lausberg en el Ersept, organismo que permanece intervenido desde hace dos años y que tiene al radical José Ricardo Ascárate al frente.
Cruces por la intervención del organismo
La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse, defendió la designación y explicó que el decreto forma parte de la misma línea administrativa iniciada con los DNU que dispusieron la intervención del Ersept y la posterior designación de Ascárate.
Desde la oposición, el legislador Agustín Romano Norri firmó un dictamen en minoría para rechazar la medida. Cuestionó que se profundice la intervención del ente y planteó dudas sobre los motivos del nombramiento. “O están poniendo a alguien para controlar o están pagando algún favor”, lanzó durante el debate.
También objetó el argumento de la urgencia y recordó que Lausberg fue quien impulsó una presentación judicial contra el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán. Según sostuvo, la Legislatura no debería seguir resignando atribuciones propias.
“Intervinieron la intervención”
El legislador Claudio Viña también cuestionó el uso recurrente de DNU por parte del Poder Ejecutivo. Ironizó con que el proceso del Ersept parece una obra de tres actos: primero, la intervención del ente; luego, la designación de Ascárate y la prórroga de la medida; y finalmente, la creación del cargo de subinterventora.
“¿Cómo se llama la obra? ‘Ascárate, te estoy controlando’”, expresó en el recinto. Además, advirtió que el rol asignado a Lausberg resulta difuso y consideró que la medida incumple con la ley que regula el funcionamiento del organismo.
En la misma línea se pronunciaron los radicales José Cano, Silvia Elías de Pérez y José Seleme. Cano cuestionó que los entes autárquicos terminen funcionando como dependencias del Poder Ejecutivo y calificó el nombramiento como un “conchavo político”. Elías de Pérez, por su parte, repasó antecedentes de intervenciones en organismos provinciales y sostuvo que ahora “intervinieron la intervención”. Seleme también apuntó contra el oficialismo y afirmó que la emergencia parece ser “seguir creando favores políticos”.
El oficialismo defendió el decreto
El legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de las críticas opositoras y defendió el uso del DNU como una herramienta prevista por la Constitución. Además, comparó la cantidad de decretos utilizados por Jaldo con los empleados durante la presidencia de Mauricio Macri.
“Cuando somos oficialistas tenemos una mirada y cuando somos oposición tenemos otra”, reprochó a los legisladores que formaron parte de Juntos por el Cambio. Incluso sostuvo que el gobernador tuvo una actitud de “generosidad” al enviar el DNU a la Legislatura, ya que, según planteó, podría haber avanzado con la designación mediante un decreto simple.
Durante la misma sesión, la Cámara también aprobó 14 pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Entre ellos, fue ratificada la designación de Lucas Taboada como juez del Colegio de Jueces Penales de Monteros, aunque su nombramiento recibió objeciones de varios legisladores.
