La defensa de la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, decidió romper el silencio y cuestionar con dureza al legislador Manuel Courel, denunciante en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la reacción pública llegó después de varias semanas de acusaciones, pedidos de celeridad y repercusiones políticas, una demora que abre interrogantes sobre la estrategia elegida por la jefa municipal y sus abogados.
Paula Morales Soria, representante legal de Graneros, acusó al parlamentario de difundir información falsa y de llevar adelante una campaña mediática, abusiva y violenta. También aseguró que la intendenta se encuentra a disposición de la Justicia desde el inicio de la investigación y que ya presentó elementos para demostrar su inocencia.
La principal incógnita, no obstante, continúa siendo por qué la defensa esperó tanto tiempo para brindar explicaciones públicas sobre una denuncia de semejante gravedad y por qué la investigación judicial parece avanzar con tanta lentitud.
El silencio inicial y una reacción que llegó después de la presión
Graneros fue denunciada por la supuesta adquisición de una vivienda valuada en más de un millón de dólares en el country Las Yungas, en Yerba Buena. Según la presentación realizada en la Fiscalía de Concepción, la operación habría sido concretada en efectivo y no guardaría relación con los antecedentes laborales ni con los ingresos conocidos de la intendenta.
Desde que el caso tomó estado público, la defensa evitó inicialmente realizar declaraciones detalladas. Morales Soria explicó que esa decisión estuvo fundada en el respeto por la investigación judicial y en la intención de responder únicamente dentro del expediente.
La postura cambió después de que Courel reclamara públicamente mayor velocidad en la causa y reiterara sus sospechas a través de distintos medios de comunicación.
Fue entonces cuando la abogada salió a cuestionarlo y sostuvo que el legislador estaba utilizando la denuncia como parte de una campaña política. También aseguró que las expresiones del parlamentario eran falsas y advirtió que podría tener que responder judicialmente por los daños ocasionados.
La explicación sobre el silencio, sin embargo, no despeja completamente las dudas. Frente a una acusación que involucra una propiedad de alto valor y un posible incremento patrimonial injustificado, la demora en ofrecer una respuesta clara dejó un vacío que fue ocupado por versiones, especulaciones y acusaciones cruzadas.
La lentitud judicial y el tiempo que tuvo la intendenta
La causa se encuentra en manos del fiscal de Concepción Diego Hevia. Hasta el momento, no trascendieron medidas contundentes que permitan confirmar o descartar la hipótesis presentada por los denunciantes.
Courel reclamó mayor celeridad y cuestionó la falta de avances visibles. La defensa, por su parte, sostuvo que la Justicia está trabajando y que todos los informes requeridos hasta ahora resultarían favorables para la intendenta.
Morales Soria afirmó que Graneros se puso a disposición desde el primer momento, incluso antes de recibir una citación formal. También indicó que entregaron pruebas, aunque evitó revelar su contenido por tratarse de una investigación en curso.
Esa falta de información pública, sumada a la lentitud del expediente, alimenta las sospechas. El paso del tiempo puede beneficiar a cualquier persona investigada al permitirle ordenar documentación, preparar una estrategia defensiva, reconstruir movimientos patrimoniales y anticipar las medidas que eventualmente podría adoptar la Fiscalía.
Esto no implica que haya existido una maniobra para alterar pruebas ni que la intendenta sea responsable del delito denunciado. Pero una investigación por presunto enriquecimiento ilícito requiere rapidez, acceso a registros patrimoniales y financieros y medidas capaces de evitar que el transcurso de los meses termine debilitando la posibilidad de determinar qué ocurrió.
La casa, las expensas y las explicaciones pendientes
La defensa aseguró que la vivienda ubicada en los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas no pertenece a Graneros. Según Morales Soria, los denunciantes sólo habrían aportado una copia no autenticada de las expensas y no existiría documentación que permita vincular registralmente a la intendenta con el inmueble.
La abogada también afirmó que el domicilio de la jefa municipal se encuentra en Graneros y desafió a los denunciantes a presentar los documentos con los que dicen contar.
La discusión central, por lo tanto, podría resolverse con relativa facilidad mediante informes del Registro Inmobiliario, documentación sobre la titularidad de los lotes, contratos de compraventa, movimientos bancarios, antecedentes de los ocupantes y constancias de pago de impuestos y expensas.
Mientras esas respuestas no se conozcan, el conflicto continuará desarrollándose en el terreno político y mediático. Courel insiste en que existen elementos suficientes para investigar un posible incremento patrimonial injustificado. La defensa responde que la denuncia es infundada, que la casa no pertenece a la intendenta y que detrás de la presentación existe una operación política.
Pero tanto el silencio inicial como la lentitud de la Justicia dejaron preguntas abiertas. La defensa deberá explicar por qué tardó en responder con firmeza y el Ministerio Público tendrá que determinar si el tiempo transcurrido fue parte de una investigación prudente o una demora que terminó otorgando ventajas a quienes debían ser investigados.
