El gremio salió a defender el funcionamiento de la entidad y rechazó las campañas de desprestigio en medio de las investigaciones impulsadas por la nueva intervención. Aunque el comunicado no mencionó nombres, el pronunciamiento representa un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el diputado nacional Carlos Cisneros.
La Bancaria cerró filas alrededor de la Caja Popular
La Comisión Gremial Interna de La Bancaria Seccional Tucumán denunció la existencia de una “operación política” destinada a desprestigiar a la Caja Popular de Ahorros y pidió que las tareas de control no sean utilizadas para instalar sospechas sobre el funcionamiento de la institución.
El pronunciamiento fue difundido al cumplirse el 111° aniversario de la entidad financiera provincial. Allí, el sindicato sostuvo que la Caja Popular no puede convertirse en un “campo de batalla” de intereses ajenos a su misión y cuestionó las versiones que, según afirmó, buscan confundir a la opinión pública.
La organización sindical defendió particularmente las operaciones con dinero en efectivo. Explicó que la entidad necesita abastecer cajeros automáticos, pagar premios y comisiones, distribuir fondos en diferentes puntos de la provincia y abonar los salarios de trabajadores que todavía no se encuentran bancarizados.
El mensaje apareció luego de que la actual conducción de la Caja Popular promoviera investigaciones internas y una denuncia judicial por retiros de importantes sumas de dinero mediante ventanilla. Desde el gremio remarcaron que esos movimientos estarían relacionados con obligaciones habituales de la institución y reclamaron que no sean presentados automáticamente como maniobras irregulares.
La Bancaria aclaró que no se opone a los controles administrativos y financieros. Sin embargo, exigió que se diferencie una auditoría legítima de lo que calificó como una campaña de “desinformación malintencionada”.
La entidad quedó en el centro de la interna peronista
Más allá del contenido institucional, el comunicado tiene una evidente lectura política. La conducción de La Bancaria en Tucumán responde al espacio encabezado por Carlos Cisneros, uno de los dirigentes que mantiene un enfrentamiento cada vez más abierto con Jaldo.
La disputa se profundizó en enero, cuando el gobernador decidió desplazar de la intervención de la Caja Popular a José Díaz y de la subintervención a Darío Amatti, ambos identificados con el sector del diputado nacional.
En sus lugares asumieron Guillermo Norry y Antonio Bustamante. En aquel momento, Jaldo negó que el recambio estuviera relacionado con la interna del Partido Justicialista y presentó la decisión como una renovación institucional. Sin embargo, la salida de los funcionarios ligados al cisnerismo modificó una estructura de poder que el dirigente bancario había sostenido durante años dentro de la entidad.
Desde entonces, las diferencias no dejaron de crecer. La nueva intervención comenzó a revisar decisiones administrativas, contratos, movimientos financieros y designaciones realizadas durante la gestión anterior.
Cada investigación impulsada por la conducción designada por Jaldo fue interpretada por el entorno de Cisneros como una ofensiva política. A su vez, desde sectores cercanos al Gobierno provincial se presentaron esas medidas como parte de un proceso de ordenamiento y transparencia.
La Caja Popular se transformó así en uno de los principales escenarios de la pelea. Ya no se discute solamente quién administra una entidad financiera estatal, sino también quién conserva influencia sobre su estructura, sus recursos y sus trabajadores.
Un mensaje directo al Gobierno, aunque sin nombrar a Jaldo
El comunicado fue firmado por 26 integrantes de la Comisión Gremial Interna, entre ellos la secretaria general de La Bancaria en Tucumán, Cecilia Sánchez Blas. La dirigente forma parte del armado sindical y político vinculado a Cisneros.
Aunque el documento evitó mencionar al gobernador o a las actuales autoridades de la Caja Popular, sus destinatarios políticos parecen claros. La denuncia sobre una supuesta campaña de desprestigio surge justamente cuando la conducción designada por Jaldo profundiza la revisión de lo actuado durante la etapa controlada por el cisnerismo.
El sindicato también buscó colocar a los trabajadores en el centro de la discusión. Advirtió que las acusaciones generales contra la institución pueden afectar su prestigio, poner bajo sospecha a todo el personal y generar incertidumbre sobre las fuentes laborales.
La defensa de la Caja Popular funciona, al mismo tiempo, como una defensa de la estructura construida por el sector de Cisneros. El gremio reivindicó la historia de la entidad, su presencia territorial y su aporte al crédito, el ahorro y la inclusión financiera en Tucumán.
El aniversario, que en otras circunstancias habría quedado limitado a una celebración institucional, terminó atravesado por la interna oficialista. Lejos de alcanzar una tregua, la relación entre Jaldo y Cisneros continúa sumando acusaciones, movimientos administrativos y mensajes públicos.
En ese escenario, cada decisión relacionada con la Caja Popular parece destinada a tener consecuencias políticas. La disputa por la entidad es apenas una expresión visible de una pelea más profunda por el liderazgo, los espacios de poder y el futuro del peronismo tucumano.
