La “paz armada” dentro del oficialismo tucumano dejó de ser sólo una disputa de pasillos, micrófonos y operaciones cruzadas: ahora también se escribe en un expediente. El secretario de Energía de la Provincia, Martín Viola, deberá presentarse a declaración indagatoria en la Justicia Federal en una causa en la que se lo investiga por el presunto uso ilegítimo del DNI de un tercero para abrir una cuenta digital y publicar comentarios injuriantes en un medio de comunicación.
El dato político que recorre Tucumán es inevitable: Viola no es un cuadro ajeno a la Capital. Hasta mayo de 2025 se desempeñó como secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, dentro del gabinete de la intendenta Rossana Chahla, y en agosto de ese mismo año fue incorporado al equipo del gobernador Osvaldo Jaldo como secretario de Energía. El pase, celebrado en su momento como un gesto de ampliación y ordenamiento interno, hoy vuelve a quedar bajo la lupa, pero por una investigación penal.
El disparador: un funcionario municipal, un DNI extraviado y comentarios atribuidos a otra persona
Según la reconstrucción del caso, el expediente se originó en agosto de 2025, cuando la apoderada legal de Julián Echazú Toneatti denunció que su identidad estaba siendo usada sin autorización. El denunciante relató que había extraviado su DNI meses antes y que tomó conocimiento del uso irregular de sus datos luego de un contacto del subsecretario de Gobierno de la Municipalidad capitalina, Alejandro Sangenis, quien le consultó por publicaciones realizadas bajo su nombre y número de documento. Echazú Toneatti negó de manera terminante haber sido el autor.
Ese punto es el que, en clave política, le agrega combustible al clima de “guerra fría”: Sangenis es una de las voces más filosas del chahlismo y ha protagonizado cruces públicos con el jaldismo, en una interna donde también gravitan sectores afines al diputado Carlos Cisneros. En ese tablero, que mezcla convivencia institucional con tensión partidaria, el hecho de que el caso se haya activado a partir de un alerta desde el municipio alimenta la lectura de que la pelea dejó de ser sólo discursiva.
Qué sostiene la Fiscalía y cómo responde la defensa
La citación a indagatoria fue ordenada luego de que el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez hiciera lugar al requerimiento del Ministerio Público Fiscal. La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Agustín Chit, que reunió elementos técnicos, documentales y periciales para reconstruir la maniobra denunciada.
De acuerdo con esa hipótesis, se habrían utilizado datos personales ajenos para dar de alta una suscripción digital paga y, desde esa cuenta, se habrían realizado publicaciones ofensivas atribuidas falsamente a la víctima. Uno de los puntos considerados “determinantes” por los investigadores es que el pago de la suscripción habría sido efectuado con una tarjeta de crédito cuyo titular sería el propio Viola.
Además, la pesquisa incorporó información de registros oficiales y organismos nacionales, y sumó un dato que para la Fiscalía no pasa inadvertido: el imputado y el denunciante residirían en el mismo edificio, coincidencia que, para el acusador, ayuda a explicar el acceso al documento extraviado y refuerza la sospecha de una suplantación deliberada.
En el análisis jurídico se mencionó que la conducta investigada encuadraría, en esta etapa, en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad previsto en la Ley 20.974, y se remarcó que el uso del DNI no se limita a la portación física, sino también a su utilización para producir efectos jurídicos, como la apertura de cuentas y la realización de actos en entornos digitales.
Por otro lado, la parte denunciante rechazó de manera expresa la posibilidad de una salida alternativa y pidió sostener la indagatoria ya fijada. Desde la defensa, la abogada Celeste Salas sostuvo que Viola “está a Derecho” y que, hasta el momento, no habrían recibido notificación formal de la citación.
En paralelo al trámite judicial, el caso ya tuvo impacto político: porque toca a un funcionario de primera línea del Ejecutivo provincial, porque expone un conflicto que cruzó los límites de la interna partidaria y porque vuelve a poner en escena a protagonistas de la Capital y la Provincia en un momento de tensión soterrada. En Tucumán, cuando la política entra al expediente, la pelea suele durar más que una campaña.
