La Defensoría del Pueblo de Tucumán volvió a quedar en el centro de la discusión política por el tamaño de su estructura interna, la cantidad de cargos jerárquicos y el peso que tienen los sueldos dentro de su presupuesto anual. El legislador José Seleme, de Avanza Tucumán, apuntó contra el organismo y cuestionó la reciente designación de Agustín Fernández como nuevo defensor del Pueblo.
Un organigrama con áreas superpuestas
Uno de los principales señalamientos apunta al organigrama de la institución, que presenta una extensa red de secretarías, subsecretarías, direcciones, subdirecciones y oficinas con denominaciones similares.
Según la información difundida, la Defensoría cuenta con 60 oficinas con nivel jerárquico. Entre los ejemplos mencionados aparecen distintas áreas vinculadas a Relaciones Institucionales, Relaciones Públicas, Protocolo y Ceremonial, además de varias dependencias dedicadas al Desarrollo y Monitoreo Institucional.
A esa estructura se suman cinco secretarías principales, cinco secretarías ejecutivas numeradas con romanos y varias áreas vinculadas a tareas de despacho. Por debajo de esos cargos se ubican empleados administrativos ejecutivos y personal sin asignaciones específicas en las planillas.
De acuerdo con los datos revelados, el organismo cuenta con 486 asalariados en planta permanente y entre 250 y 300 contratados, una cifra que varía año a año.
Casi todo el presupuesto se destina a sueldos
El otro punto bajo la lupa es el presupuesto. Para 2025, la Defensoría habría cerrado con una asignación de $8.700 millones, de los cuales el 97% se destinó al pago de salarios.
Para este año, el cálculo mantiene una proporción similar: de los $9.200 millones proyectados inicialmente, se estima que el gasto terminará superando los $10.000 millones hacia el cierre del ejercicio. De ese total, unos $9.000 millones estarían destinados a “Gastos de Personal”, mientras que el resto se divide entre servicios no personales, bienes de uso y bienes de consumo.
Seleme cuestionó con dureza esos números y sostuvo que, en una provincia con fuertes demandas sociales, resulta injustificable sostener una estructura de semejante magnitud. “No se eligió un defensor del pueblo, se pagaron favores políticos”, afirmó el legislador, al vincular la designación de Fernández con una decisión del oficialismo provincial.
Fernández anticipó una revisión interna
Agustín Fernández, ex concejal de Aguilares, ex intendente de esa ciudad y ex diputado nacional, fue elegido el viernes 6 de marzo como nuevo Defensor del Pueblo. Obtuvo 38 votos a favor en la Legislatura, mientras que Claudia Boyanovsky recibió seis votos y hubo cuatro abstenciones.
El proceso había comenzado con 46 postulantes y terminó con una terna integrada por Fernández, Boyanovsky y José Alcaraz. Para sectores opositores, el elevado interés por el cargo se explica por el peso político y presupuestario del organismo.
Tras asumir, Fernández adelantó que revisará el presupuesto y las funciones del personal, aunque aclaró que no tomará decisiones sin conocer en detalle la situación interna. También buscó llevar tranquilidad a los trabajadores de la repartición y señaló que primero deberá identificar los temas urgentes que quedaron pendientes de la gestión anterior.
La Defensoría del Pueblo fue creada en 1995 mediante la Ley 6.644 como un órgano independiente para proteger los derechos de los habitantes y actuar frente a abusos de la administración y de los poderes públicos. Tres décadas después, su funcionamiento vuelve a ser discutido en medio de acusaciones por sobredimensionamiento, gasto político y falta de independencia frente al poder provincial.
