La causa que investiga presuntas irregularidades en AETAT sumó un movimiento de alto impacto político y judicial: la Justicia secuestró el celular de Jorge Berreta, uno de los hombres fuertes del empresariado del transporte tucumano. La medida también alcanzó a Daniel Orell y se inscribe en una investigación por presunta administración fraudulenta, iniciada a partir de la denuncia del empresario Sergio Gómez Sansone.
El dato no es menor. En una provincia donde el transporte público sobrevive entre subsidios millonarios, amenazas de crisis y pedidos de aumento del boleto, el avance judicial pone a Berreta en una posición incómoda. Ya no se trata sólo de una pelea interna entre empresarios: ahora hay teléfonos bajo peritaje, documentación secuestrada y una fiscalía buscando reconstruir cómo se tomaban decisiones dentro de AETAT.
El celular que puede abrir la caja negra
El teléfono de Berreta podría convertirse en una pieza clave para la causa. Los investigadores buscarán mensajes, archivos, registros y comunicaciones que permitan confirmar o descartar las acusaciones sobre supuestas maniobras irregulares en la distribución de fondos y posibles beneficios indebidos dentro de la entidad.
Desde la conducción de AETAT insisten en que no hubo irregularidades y que la distribución de subsidios se realiza según criterios legales, auditados por organismos del Estado. Berreta, además, ya había rechazado las acusaciones de Gómez Sansone, a quien atribuyó motivaciones políticas y una intención de desestabilizar a la cámara empresaria.
Pero el avance judicial cambia el clima. Una cosa es discutir en los medios y otra muy distinta es tener el celular en manos de peritos. Si allí no aparece nada relevante, Berreta podrá intentar mostrarse como víctima de una operación. Si aparece información comprometedora, la interna empresaria podría transformarse en un escándalo mayor.
Jaldo, entre sostener el servicio y quedar pegado
La pregunta política aparece sola: ¿lo salvará Jaldo?
El gobernador Osvaldo Jaldo viene sosteniendo al sistema de transporte con fondos públicos para evitar que Tucumán se quede sin colectivos. En abril, el Gobierno provincial avanzó con adelantos y compensaciones millonarias para las empresas, en medio de la suba del gasoil, el reclamo salarial y la presión empresaria por llevar el boleto a valores mucho más altos.
Ese auxilio estatal tiene una explicación social: sin colectivos no hay clases, se complica la atención en hospitales, cae la actividad comercial y miles de trabajadores quedan varados. Pero también tiene un costo político: cada peso que sale del Estado hacia las empresas exige transparencia absoluta.
Ahí está el problema para Jaldo. Si el Gobierno aparece demasiado cerca de Berreta en medio de una investigación penal, corre el riesgo de quedar asociado a una estructura empresaria bajo sospecha. Si toma distancia, puede tensar aún más la relación con AETAT en plena crisis del servicio.
Subsidios, sospechas y una crisis que no termina
El expediente judicial llega en el peor momento para AETAT. La entidad viene reclamando más fondos, cambios en el sistema de subsidios y hasta un nuevo esquema de pago por kilómetro recorrido. Al mismo tiempo, el boleto volvió a quedar en el centro del debate, con planteos empresarios que lo ubican alrededor de los $2.400.
La contradicción es evidente: los usuarios padecen frecuencias deficientes, unidades deterioradas y amenazas permanentes de interrupción del servicio, mientras el Estado inyecta miles de millones para sostener un sistema que nunca termina de ordenarse.
Por eso, la causa contra la conducción de AETAT no puede leerse como un conflicto privado. Si se investiga el manejo de una entidad que recibe fondos públicos, el interés también es público. Y si el Gobierno de Jaldo pretende seguir auxiliando al transporte, deberá exigir algo más que promesas de normalidad: tendrá que pedir cuentas claras.
Berreta quedó contra las cuerdas. La Justicia dirá si las denuncias tienen sustento penal. Pero la política ya tiene una pregunta urgente sobre la mesa: Jaldo puede sostener el transporte, pero no debería convertirse en salvavidas de nadie.
