La investigación por presuntas estafas cometidas a través de una concesionaria de vehículos de Yerba Buena continúa creciendo. En las últimas semanas, el expediente incorporó nuevas presentaciones de damnificados y el monto del perjuicio económico ya sería superior a los $200 millones.
El caso tiene como eje a DG Cars, una firma que funcionaba bajo la apariencia de una agencia dedicada a la compraventa de automóviles. Según la acusación, los imputados habrían recibido vehículos en consignación, dinero como parte de pago o señas para operaciones que luego no se concretaban.
La maniobra, de acuerdo con la teoría fiscal, incluía promesas de venta, simulación de créditos prendarios, emisión de comprobantes presuntamente falsos y transferencias de vehículos sin autorización de sus titulares.
Rechazaron aliviar las medidas contra los imputados
La Justicia rechazó un pedido de la defensa para morigerar las medidas de coerción que pesan sobre dos de los acusados. Los imputados principales son Matías José Díaz Vier, Anabel García y Javier Goitea.
Díaz Vier permanece con prisión preventiva, mientras que García cumple la medida bajo arresto domiciliario por tener hijos menores de edad. La defensa había solicitado revisar la necesidad de mantener esas restricciones, al sostener que no estaría debidamente acreditada la participación de sus asistidos en todos los hechos investigados.
Sin embargo, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás y los querellantes se opusieron al planteo. Argumentaron que todavía quedan medidas pendientes y que una flexibilización podría afectar el avance de la pesquisa. El juez Facundo Maggio finalmente rechazó el pedido.
Víctimas reclaman dinero y vehículos
Los abogados querellantes advirtieron que la causa recién comienza y que, desde que el caso tomó estado público, se agregaron más denuncias. Algunas víctimas reclaman la devolución de dinero; otras, la restitución de vehículos entregados en consignación o como parte de pago.
Uno de los representantes legales señaló que se habrían formalizado inicialmente 12 hechos de estafa y que luego se sumaron nuevos denunciantes. En ese contexto, remarcó que el perjuicio patrimonial aumenta con el paso de los días y que se vuelve cada vez más complejo alcanzar una reparación integral.
La defensa, por su parte, sostuvo que la existencia de una denuncia no implica una condena y aseguró que se buscaron canales de diálogo con algunos damnificados. También rechazó versiones sobre un supuesto ocultamiento de dinero en la vivienda de los acusados, luego de que una excavación realizada por los investigadores no arrojara elementos de interés para la causa.
