La causa contra el abogado tucumano Darío Gerardo Ovejero sumó un nuevo capítulo y quedó bajo la lupa de la Justicia Federal. La investigación busca determinar si los fondos vinculados con una presunta estafa superior a los $740 millones fueron desviados, ocultados o incorporados al circuito financiero mediante posibles maniobras de lavado de activos.
El expediente se inició después de que nueve personas denunciaran haber entregado importantes sumas para participar en supuestas operaciones de compra, venta y exportación de azúcar. Según los denunciantes, las ganancias prometidas no fueron abonadas y tampoco lograron recuperar el capital invertido.
Ante la posible existencia de delitos federales, se ordenó levantar los secretos bancario, fiscal, financiero y bursátil de Ovejero y de diferentes sociedades relacionadas con las operaciones investigadas.
Promesas de ganancias de hasta el 15% mensual
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, Ovejero se habría presentado como un operador con acceso privilegiado al mercado azucarero. Afirmaba que podía adquirir el producto por debajo de su valor comercial y ofrecía rendimientos mensuales de entre el 10% y el 15%, tanto en pesos como en dólares.
Las operaciones habrían sido respaldadas mediante pagarés, contratos de mutuo, recibos y acuerdos de refinanciación. Entre los aportes denunciados aparecen inversiones por $168 millones, $48 millones y U$S 100.000.
Los investigadores analizan si las primeras ganancias fueron pagadas con el dinero aportado por nuevos inversores, una modalidad compatible con el denominado esquema Ponzi. Cuando comenzaron los reclamos, el abogado habría entregado como garantía documentación correspondiente a dos vehículos que presentaban irregularidades registrales.
La pesquisa también menciona la utilización de sociedades comerciales para emitir cheques sin fondos, con orden de no pago o presuntamente apócrifos. Entre las empresas señaladas se encuentran El Marqués SAS, Bellamar Estancias SA, Miyagi SA y Food Trading Dos SAS.
La causa pasó de la Justicia provincial al fuero federal
Durante sus primeros seis meses, el expediente estuvo bajo la órbita de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por Diego López Ávila.
El fiscal solicitó que la Justicia provincial se declarara incompetente al considerar que los hechos podían involucrar delitos de mayor gravedad. Entre las posibles figuras mencionó lavado de activos, intermediación financiera sin autorización, ilícitos tributarios e infracciones al Régimen Penal Cambiario.
El planteo fue aceptado por el juez Guido Cattáneo y el caso quedó radicado en la Fiscalía Federal N.º 1. Posteriormente, el Juzgado Federal N.º 3 de Tucumán, a cargo de José Manuel Díaz Vélez, autorizó las primeras medidas destinadas a reconstruir el recorrido del dinero.
La intervención federal no implica que los delitos estén probados ni constituye una condena contra el denunciado. La investigación deberá establecer si existieron las maniobras señaladas y determinar las eventuales responsabilidades.
Rastrearán bancos, billeteras virtuales y criptomonedas
La Justicia ordenó que el Banco Central solicite información a las entidades financieras sobre cuentas, plazos fijos, cajas de seguridad, transferencias, movimientos y reportes de operaciones sospechosas correspondientes a Ovejero y a las sociedades investigadas.
También se requirieron datos a COELSA para identificar movimientos realizados mediante bancos y plataformas virtuales. La Comisión Nacional de Valores deberá informar si se registraron operaciones bursátiles vinculadas con los investigados.
Además, los proveedores de servicios de activos virtuales tendrán que aportar información sobre eventuales transacciones con criptomonedas o billeteras digitales. La Unidad de Información Financiera deberá remitir los reportes que tenga disponibles.
Con esa documentación, los investigadores intentarán determinar el destino de los fondos, reconstruir el patrimonio vinculado con el caso y establecer si el dinero fue retirado en efectivo, transferido a terceros o canalizado mediante sociedades, inversiones o activos virtuales.
La causa también buscará precisar si existió una estructura organizada, si participaron otras personas y qué función habrían cumplido las empresas mencionadas. El avance de las pericias financieras será decisivo para conocer qué ocurrió con los más de $740 millones reclamados por los denunciantes.
