Pasaron más de tres meses desde que la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, fue denunciada por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de una millonaria operación inmobiliaria en uno de los countries más exclusivos de Yerba Buena. Sin embargo, pese a la gravedad de las acusaciones y a la documentación aportada por los denunciantes, la investigación no muestra públicamente avances sustanciales sobre el punto central: determinar de quién salió el dinero y quién es realmente el propietario de los inmuebles puestos bajo sospecha.
La denuncia fue presentada el 9 de junio por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el dirigente Luis Díaz Augier. El planteo apuntó contra Graneros por la supuesta adquisición de dos lotes en el country Las Yungas, una operación que, según los denunciantes, habría superado el millón de dólares.
El caso llamó especialmente la atención no sólo por el valor de la propiedad, sino por la modalidad que habría tenido la transacción. La presentación judicial sostuvo que la compra se habría realizado con dinero en efectivo y señaló incluso la presunta participación de un funcionario del municipio en el traslado de parte de esos fondos.
Tres meses después, aquellas preguntas continúan sin una respuesta judicial conocida.
Una denuncia millonaria y pocas respuestas
De acuerdo con la documentación presentada originalmente, la operación estaría vinculada a los lotes 70 y 71 del sector 12 de Las Yungas. Los denunciantes acompañaron una liquidación de expensas en la que el nombre de Graneros aparecía asociado a ambos terrenos.
Las expensas correspondientes a junio superaban los $570.000 por cada lote, es decir, más de $1,1 millón mensuales entre ambos inmuebles. Según la denuncia, las parcelas habrían sido unificadas para construir una residencia.
El planteo sostuvo además que la operación inmobiliaria habría involucrado más de U$S 1 millón en efectivo. Courel afirmó que Ariel Mendelek, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Graneros, habría trasladado parte del dinero hasta una sucursal bancaria para concretar el pago.
A partir de esos elementos, los denunciantes solicitaron medidas para reconstruir la operación, determinar la titularidad de los bienes, establecer el origen del dinero e identificar a las personas que intervinieron.
La defensa de Graneros rechazó las acusaciones. Su abogada, Paula Morales Soria, aseguró públicamente que la vivienda no pertenece a la intendenta, sostuvo que la denuncia carece de sustento y remarcó que la funcionaria se encuentra a disposición de la Justicia.
Ese contrapunto, precisamente, es uno de los puntos que debería resolver la investigación. Pero hasta ahora no trascendió una definición judicial que despeje definitivamente ninguna de las dos versiones.
Los denunciantes quedaron afuera de la causa
Mientras las dudas sobre el patrimonio y la propiedad continuaban abiertas, buena parte de la actividad judicial conocida terminó concentrándose en una discusión procesal: si quienes presentaron la denuncia podían participar como querellantes.
La Fiscalía Regional del Centro Judicial Concepción rechazó a fines de julio el pedido de Courel y Escobar para incorporarse al expediente con ese carácter. El fiscal Diego Sebastián Hevia consideró que ninguno de los dos reunía la condición de víctima directa exigida para actuar como querellante particular.
Los dirigentes recurrieron esa decisión, pero volvieron a recibir una respuesta negativa. El 21 de agosto, la jueza Cecilia Tasquer confirmó el criterio del Ministerio Público Fiscal y rechazó el planteo de revisión.
Así, uno de los movimientos judiciales más concretos conocidos durante estos meses no estuvo dirigido a establecer el origen del dinero presuntamente utilizado en la operación, sino a resolver si los propios denunciantes podían participar activamente del expediente.
Courel viene cuestionando públicamente esa situación. Ya en julio advertía sobre la lentitud de la investigación y en agosto sostuvo que, pese al tiempo transcurrido y a la información aportada, prácticamente no se habían producido avances significativos.
Desde entonces, al menos públicamente, el expediente volvió a entrar en silencio.
El riesgo de que sea otra causa que termine en la nada
El interrogante ya excede la discusión política entre oficialismo y oposición. Existe una denuncia concreta por un supuesto enriquecimiento ilícito, una operación inmobiliaria valuada en más de un millón de dólares y documentación que, como mínimo, justificó la apertura de una investigación.
Pero después de más de tres meses todavía no se conoce públicamente una imputación contra la intendenta ni una definición sobre el origen de los fondos cuestionados. Tampoco trascendió que se haya aclarado de manera concluyente quién compró los inmuebles ni de qué manera se financió la operación.
Graneros, mientras tanto, continúa al frente del municipio.
El contraste que dio origen al escándalo tampoco desapareció. La denuncia recayó sobre la intendenta de uno de los departamentos con mayores índices de vulnerabilidad social de Tucumán y se originó en una propiedad ubicada a más de 100 kilómetros de la ciudad que administra, dentro de uno de los barrios privados más exclusivos de Yerba Buena.
La Justicia es la que deberá determinar si existió o no un delito. La intendenta conserva, naturalmente, su estado de inocencia mientras no exista una condena.
Pero una investigación no sólo debe terminar con una condena o un sobreseimiento: también tiene que avanzar.
Por ahora, las preguntas que provocaron el escándalo siguen prácticamente en el mismo lugar en el que estaban en junio. Quién puso el dinero, de dónde salió, a quién pertenecen realmente los lotes y qué relación tiene la intendenta con la propiedad continúan siendo los puntos centrales de una causa que perdió velocidad hasta quedar, en los hechos y de cara a la opinión pública, congelada.
Y en Tucumán, donde las denuncias contra funcionarios suelen generar un fuerte impacto inicial para luego desaparecer de la agenda sin respuestas concluyentes, el interrogante vuelve a repetirse: si esta vez la Justicia llegará al fondo o si será otro expediente que, con el paso de los meses, termine quedando en la nada.
