Rossana Chahla volvió de Rosario con certificaciones bajo el brazo y con una foto política conveniente: San Miguel de Tucumán presentada ante intendentes de todo el país como una ciudad que innova, moderniza el Estado y avanza hacia una gestión más eficiente. En la escena nacional, la intendenta logró instalar una postal prolija: premios, redes sociales, discurso de transformación, portal de datos, digitalización y reconocimiento institucional.
El problema es que esa imagen no termina de coincidir con la experiencia cotidiana de muchos vecinos ni con los indicadores disponibles sobre la capital tucumana. Afuera de la provincia, Chahla muestra una ciudad moderna. Adentro, los tucumanos siguen chocando con trámites lentos, información dispersa, dependencia de la presencialidad, barrios que se inundan, servicios incompletos y una desigualdad urbana que no entra en los videos oficiales.
La pregunta, entonces, no es si está mal recibir un premio. Ningún reconocimiento es negativo en sí mismo. La pregunta es otra: ¿qué ciudad está mostrando Chahla fuera de Tucumán? ¿La ciudad real o una versión editada para consumo político?
La Red de Innovación Local distinguió a San Miguel de Tucumán con certificaciones vinculadas a gestión eficiente y sostenibilidad. Pero el propio esquema de estos reconocimientos obliga a mirar con cuidado: una certificación puede valorar avances, procesos, planificación, documentación y voluntad de transformación, sin que eso signifique necesariamente que la vida cotidiana del vecino ya haya mejorado. No es lo mismo validar una hoja de ruta que resolver los problemas estructurales de una ciudad.
Ahí aparece el contraste más incómodo para la intendenta. Mientras en Rosario se habla de modernización, en Tucumán los datos muestran una capital rezagada en trámites, mal posicionada en calidad urbana y con un aplazo durísimo en cohesión social. El premio puede servir para una foto. Los indicadores, en cambio, sirven para medir la realidad.
Los trámites desmienten la idea de una ciudad moderna
Uno de los datos más duros surge del Índice FÁCIL 2025, elaborado por IDESA, que mide simplificación, digitalización y experiencia ciudadana en trámites municipales. Allí San Miguel de Tucumán quedó en el puesto 36 sobre 37 municipios evaluados, con apenas 34,4% de cumplimiento. Sólo quedó por encima de José C. Paz.
Ese resultado golpea directamente el corazón del relato municipal. Si una ciudad se presenta como moderna, lo primero que debería poder garantizar es que abrir un negocio, sacar una licencia, pedir un acta o iniciar una gestión básica no sea una carrera de obstáculos. Sin embargo, el informe ubica a la capital tucumana entre las jurisdicciones con mayores trabas administrativas del país.
Los números son elocuentes: el trámite de DNI aparece como el mejor evaluado, con 45%, aunque se trata de una gestión vinculada al Registro Civil. La solicitud de actas llega al 35%. La habilitación de negocios, clave para comerciantes y emprendedores, alcanza apenas el 32%. La primera licencia de conducir y la renovación de licencia se ubican en 30%.
Es decir, en los trámites que más impactan en la actividad económica y en la vida diaria, la ciudad sigue lejos de un estándar razonable. Para un comerciante, una habilitación lenta o poco clara no es un detalle técnico: es tiempo perdido, plata inmovilizada, incertidumbre y menos incentivo para invertir. Para un vecino, una licencia de conducir con pasos desordenados y múltiples instancias presenciales es una muestra directa de que la modernización todavía no llegó a la ventanilla.
El informe de IDESA también apunta a problemas concretos: información incompleta o fragmentada, falta de plazos estimados, ausencia de instrucciones detalladas, escasez de mecanismos de seguimiento y dependencia de consultas adicionales para poder avanzar. En otras palabras, el municipio puede hablar de digitalización, pero el ciudadano sigue necesitando preguntar, insistir, ir personalmente y descifrar un circuito que debería ser simple.
La contradicción es evidente. Chahla exhibe hacia afuera una gestión premiada por innovación, pero uno de los principales rankings nacionales sobre trámites ubica a San Miguel casi al fondo de la tabla. Ahí la pregunta se vuelve inevitable: ¿la ciudad moderna es la que se muestra en los eventos o la que padecen los vecinos cuando tienen que hacer un trámite?
El cero en cohesión social que no entra en el discurso oficial
El contraste se vuelve más grave cuando se mira el Índice de Ciudades Argentinas 2026, elaborado por Enclave Consultora. Según ese relevamiento, San Miguel de Tucumán quedó en el puesto 38 sobre 43 ciudades evaluadas, con apenas 39 puntos sobre 100. El índice analizó 17 indicadores, 26 variables y 170 fuentes públicas y privadas para medir desempeño económico, cohesión social y calidad del hábitat urbano.
El dato más fuerte es el de cohesión social: San Miguel de Tucumán obtuvo cero puntos. No un puntaje bajo. Cero. Esa dimensión mide variables sensibles como acceso al agua potable e informalidad urbana, es decir, dos aspectos básicos para cualquier ciudad que aspire a mejorar la calidad de vida.
La capital tucumana compartió ese último escalón con Corrientes, Concordia, Formosa, Bariloche, La Plata, Resistencia y Zárate. Mientras algunas ciudades alcanzaron el puntaje máximo en ese rubro, San Miguel quedó en el peor lote posible. Para una gestión que se presenta como cercana, innovadora y eficiente, el dato es un golpe político difícil de maquillar.
La propia información provincial disponible también muestra una ciudad con déficits persistentes. La Encuesta de Condiciones de Vida de Tucumán 2022 indicaba que, en el municipio de San Miguel de Tucumán, el 87,8% de los hogares obtenía agua de red pública, pero sólo el 80,4% tenía provisión continua durante todo el día. Además, el 4% de los hogares debía acceder al agua fuera de la vivienda.
En servicios públicos, el mismo relevamiento marcaba que apenas el 33,5% de los hogares accedía simultáneamente a agua corriente, luz, cloacas y gas natural. El 66,5% no accedía al menos a uno de esos servicios. Y en materia de hábitat, el 21,7% de los hogares vivía cerca de basurales, mientras que el 28,7% estaba en zonas inundables.
Estos datos no son una discusión de redes sociales. Son condiciones concretas de vida. Hablan de barrios donde el problema no es la falta de una app, sino la falta de infraestructura. Hablan de vecinos que no necesitan una certificación internacional para saber si la calle se inunda, si el agua llega con presión, si hay basurales cerca o si un trámite municipal les hace perder días enteros.
Por supuesto, San Miguel de Tucumán arrastra problemas históricos. Chahla no inventó la desigualdad urbana, ni la informalidad, ni la deuda de infraestructura que viene de gestiones anteriores. Pero gobierna ahora. Y cuando una intendenta decide mostrar hacia afuera una ciudad premiada y eficiente, también debe hacerse cargo de los indicadores que dicen lo contrario.
Por eso, más que preguntarse si Chahla “tiene alterada la realidad”, habría que preguntarse si está eligiendo mostrar sólo una parte de ella. La parte que rinde en Rosario, en redes y en los comunicados. La parte que permite hablar de modernización sin mostrar que los indicadores siguen marcando rezago.
San Miguel de Tucumán no necesita menos comunicación. Necesita que la comunicación se parezca más a la ciudad real. Y la ciudad real, según los datos disponibles, todavía está muy lejos de la postal que la intendenta muestra fuera de la provincia.
