El cierre de 255 empresas empleadoras en Tucumán durante el último año volvió a encender una alarma sobre la situación del sector privado provincial. Según un informe elaborado por Politikon Chaco en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la provincia registró una caída interanual del 2,4% en su stock de empleadores a febrero de 2026.
El número ubica a Tucumán como la jurisdicción del NOA con mayor pérdida absoluta de empresas, por encima de Salta, Jujuy y Catamarca. La caída también se observa al ampliar la comparación: desde noviembre de 2023, la provincia pasó de 10.473 firmas empleadoras a 10.204, lo que implica una pérdida acumulada de 269 empresas.
El contexto nacional explica parte del fenómeno, pero no alcanza para cerrar la discusión. En Tucumán, donde las pymes enfrentan caída de ventas, suba de costos, tarifas más caras y menor margen de rentabilidad, la presión tributaria provincial aparece como uno de los factores que más golpea sobre la supervivencia de comercios, industrias y prestadores de servicios.
Ingresos Brutos, Salud Pública y tasas: el costo de producir en Tucumán
El debate vuelve a poner bajo la lupa el peso de impuestos como Ingresos Brutos y Salud Pública, además de las cargas municipales que terminan acumulándose sobre la actividad formal. Para muchas empresas, el problema no es sólo cuánto se paga, sino también la forma en que se cobra: anticipos, retenciones, percepciones y saldos a favor que inmovilizan capital de trabajo.
En una provincia que necesita sostener empleo privado, cada punto de carga fiscal pesa sobre precios, inversión y contratación de personal. El empresario tucumano no sólo compite contra la recesión; también debe hacerlo contra una estructura tributaria que, en muchos casos, castiga la facturación antes que la rentabilidad.
La Dirección General de Rentas muestra con claridad la dependencia provincial de Ingresos Brutos. En marzo de 2026, ese tributo explicó cerca del 80% de la recaudación tributaria provincial informada, muy por encima de Sellos, Automotores, Inmobiliario y Salud Pública. Ese dato revela una tensión de fondo: el Estado tucumano necesita esos recursos, pero el sector privado advierte que el esquema actual le quita aire a la producción.
La provincia no puede mirar sólo a la Nación
La pérdida de empresas se da en un escenario nacional adverso, con 13.571 empleadores menos en el último año y más de 24.000 desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, trasladar toda la responsabilidad a la macroeconomía sería una lectura incompleta.
Tucumán necesita discutir su propio costo interno. Si la provincia pretende recuperar empresas, atraer inversiones y sostener empleo registrado, debe revisar la presión tributaria que recae sobre quienes producen, venden, contratan y pagan salarios.
El cierre de firmas no es sólo una estadística económica. Detrás de cada empresa que baja la persiana hay empleos perdidos, proveedores afectados, familias con menos ingresos y barrios con menor movimiento comercial. Por eso, el dato de las 255 empresas menos debería funcionar como una advertencia política: no hay desarrollo posible si el Estado provincial se financia asfixiando al sector que genera trabajo.
