Una limpieza ordenada en el subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán terminó convertida en una grave denuncia institucional. El Ministerio Público Fiscal reclamó la suspensión inmediata del operativo dispuesto en el edificio de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, ante la sospecha de que durante el vaciamiento pudieron haberse descartado pruebas, expedientes y elementos de valor judicial e histórico acumulados durante décadas.
La alarma se encendió luego de que comenzaran a circular versiones sobre el traslado de bolsas, documentación y objetos hacia distintos destinos, entre ellos dependencias de Gendarmería Nacional y hasta el basurero municipal. En ese contexto, desde la fiscalía se exigieron explicaciones urgentes para conocer qué fue retirado, qué quedó bajo resguardo y qué material habría sido desechado.
El planteo apunta a un punto central: nadie parece poder precisar, con inventario completo y control judicial suficiente, qué había exactamente en el subsuelo del tribunal ni cuál fue el destino de cada elemento removido.
Secuestros, expedientes y material sensible bajo sospecha
La medida había sido impulsada por la jueza cordobesa Cristina Edith Giordano, quien subroga el Tribunal Oral Federal y que, tras llegar a Tucumán, ordenó una limpieza integral del subsuelo al constatar el estado de deterioro, acumulación y abandono del lugar.
Durante el operativo intervinieron varios camiones de Gendarmería Nacional. Del subsuelo se retiraron muebles en desuso, computadoras antiguas, motocicletas, expedientes, bolsas y distintos elementos que permanecían allí desde hacía años. Lo que en principio fue presentado como una tarea de ordenamiento interno derivó rápidamente en preocupación y cuestionamientos.
Abogados litigantes advirtieron que, entre los materiales removidos, habrían aparecido bolsas vinculadas a causas que todavía no llegaron a juicio. La sospecha más grave es que parte de esos elementos pudieran corresponder a secuestros judiciales, expedientes federales sensibles o incluso material relacionado con causas de lesa humanidad, cuya preservación resulta imprescindible.
También existe inquietud por el destino de muestras de droga secuestradas en operativos tramitados durante años en la Justicia Federal tucumana. La eventual pérdida o destrucción de estos elementos podría tener consecuencias procesales de enorme gravedad.
Reclaman un procedimiento transparente y controlado
Desde el Ministerio Público Fiscal se pidió que el operativo quede suspendido hasta que se garantice un procedimiento compatible con el debido proceso y con las previsiones de la acordada 22/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La fiscalía pretende saber, concretamente, qué se tiró, qué se trasladó, quién lo autorizó, bajo qué actas se hizo y dónde se encuentra cada elemento retirado. La falta de respuestas oficiales profundizó la preocupación dentro del fuero federal y dejó expuesta una situación estructural que se arrastra desde hace décadas: la acumulación de documentación, secuestros y objetos judiciales sin un inventario pormenorizado y confiable.
El caso ocurre, además, en un momento delicado para la Justicia Federal tucumana, marcado por vacantes pendientes, posibles designaciones de jueces y recientes problemas edilicios en el TOF, entre ellos el cierre momentáneo del edificio de calle Chacabuco 125 por riesgo eléctrico e incendio.
Lo que empezó como una limpieza necesaria por el estado calamitoso del subsuelo terminó bajo sospecha. La denuncia que sobrevuela en tribunales es grave: en nombre del ordenamiento, podrían haberse perdido pruebas judiciales e históricas imposibles de recuperar.
