Una nueva modalidad de estafa comenzó a generar preocupación en Tucumán. Según advirtieron especialistas, delincuentes contactan a sus víctimas haciéndose pasar por efectivos policiales o integrantes de organismos judiciales, y les aseguran que existe una investigación penal en su contra por presuntos delitos vinculados al abuso sexual infantil.
La maniobra apunta directamente al miedo, la vergüenza y la desesperación de la persona contactada. Los estafadores sostienen que la víctima está involucrada en una causa grave y que, para “solucionar” la situación o evitar una detención, debe comunicarse de urgencia y entregar dinero.
De acuerdo con lo señalado por el abogado Sebastián Bauque, ya se detectaron más de una decena de casos en la provincia y la modalidad se habría intensificado durante los últimos meses.
Correos falsos, perfiles truchos y una puesta en escena intimidante
Una de las formas más frecuentes consiste en el envío de correos electrónicos apócrifos atribuidos falsamente a la Policía Federal. En esos mensajes, los delincuentes afirman que habrían rastreado la dirección IP de la víctima y detectado supuestas imágenes ilegales o movimientos sospechosos.
Otra modalidad aparece en redes sociales y aplicaciones de citas. Allí, los estafadores crean perfiles falsos, inician conversaciones, generan confianza y luego buscan obtener fotos íntimas o contenido privado. Minutos después, aparece un supuesto familiar o un falso policía que asegura que hubo contacto con una menor de edad y que existe una denuncia penal.
Según Bauque, la puesta en escena suele ser muy elaborada: los delincuentes hablan con términos policiales, simulan comunicaciones por radio y hasta incorporan sonidos de handy para reforzar la amenaza.
Recomiendan cortar la comunicación y denunciar
El objetivo final de la maniobra es económico. Los estafadores exigen transferencias a billeteras virtuales para supuestamente frenar investigaciones, evitar allanamientos o impedir detenciones. Una vez recibido el dinero, los fondos son movidos rápidamente entre distintas cuentas, lo que dificulta el rastreo.
También se advirtió que las bandas manejan información personal de las víctimas, como domicilios, lugares de trabajo o datos familiares, lo que aumenta el impacto psicológico de la amenaza.
Los especialistas insisten en una advertencia central: ningún policía, fiscal, juez o funcionario judicial puede pedir dinero para cerrar una causa o evitar una detención. Ante una situación de este tipo, recomiendan no responder, no enviar dinero, no brindar datos personales, cortar la comunicación y realizar la denuncia correspondiente en una comisaría o fiscalía especializada en estafas.
